Cuando hablamos de brecha de género en el trabajo, solemos pensar en salarios, liderazgo o acceso a cargos de decisión. Sin embargo, existe una brecha más silenciosa y estructural que aparece mucho antes de una negociación salarial o una promoción. Esa brecha empieza en la cuna.

La legislación vigente en Chile obliga a los empleadores a financiar sala cuna sólo cuando cuentan con 20 o más trabajadoras mujeres. Este diseño, heredado de otra época, no solo excluye a miles de madres, sino que además desincentiva la contratación femenina y refuerza una idea profundamente injusta: que el cuidado infantil es un problema de las mujeres y no una responsabilidad compartida de la sociedad.

Las consecuencias son evidentes. La participación laboral femenina sigue rezagada, especialmente en los sectores de menores ingresos. Muchas mujeres abandonan el mercado laboral al convertirse en madres, no por falta de talento, motivación o compromiso, sino porque el sistema no les permite compatibilizar trabajo y cuidado. Sin acceso a la sala cuna, simplemente no se puede trabajar.

A esta brecha estructural se suma hoy un fenómeno que preocupa transversalmente: la caída sostenida de la natalidad en Chile. Cada vez nacen menos niños y niñas, y no solo por cambios culturales o decisiones personales. La incertidumbre económica, la falta de redes de apoyo y la dificultad para conciliar crianza y empleo pesan de manera decisiva. Cuando el costo de ser madre implica poner en riesgo la autonomía económica o la trayectoria profesional, la elección deja de ser verdaderamente libre.

Esta no es solo una discusión de equidad. Es una conversación sobre desarrollo, productividad y sostenibilidad social. Mientras múltiples industrias declaran escasez de talento, el país mantiene fuera del mercado laboral a miles de mujeres que podrían —y quieren— trabajar. Diversas estimaciones indican que una reforma efectiva a la ley de sala cuna podría generar entre 15.000 y 150.000 nuevos empleos femeninos. Es una oportunidad concreta para dinamizar el empleo, formalizar el trabajo y fortalecer la base productiva.

La reforma actualmente en discusión apunta a algo esencial: que el derecho a sala cuna no dependa del tamaño de la empresa ni del género del trabajador, y que incluya también a personas independientes y trabajadoras de casa particular. En otras palabras, modernizar una política pública para alinearla con la realidad del trabajo actual y con una lógica de corresponsabilidad.

El tiempo es crítico. Quedan pocas semanas para que este proyecto avance antes de que el calendario legislativo se interrumpa, y cada postergación no es neutra: significa más mujeres fuera del empleo, trayectorias laborales fragmentadas y decisiones familiares condicionadas por la falta de apoyo estructural. La brecha que empieza en la cuna no se corrige con declaraciones ni con buenas intenciones, sino con políticas públicas coherentes y valientes. Invertir en cuidado infantil no es un gasto social: es una inversión en capital humano, en productividad y en igualdad de oportunidades.

Ser madre no debería implicar renunciar al trabajo, ni ser padre quedar al margen del cuidado. Hoy existe una oportunidad concreta para cerrar una brecha histórica y definir el tipo de país que queremos construir: uno donde el talento no se pierda por falta de apoyo y donde el cuidado sea una responsabilidad compartida. Porque cuando una brecha comienza en la cuna, termina acompañando a toda una generación. Y hoy todavía estamos a tiempo de cambiarlo.

Por: Belén Contreras, jefa de Diversidad e Inclusión de CMPC