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¿Cómo planean resolver los candidatos presidenciales la situación de los inmigrantes irregulares?

Los suscriptores de La Tercera quisieron conocer la postura de los candidatos presidenciales respecto al tema de la migración. En particular, consultaron sobre cómo enfrentarán el problema de la inmigración irregular.

Tus Preguntas es una sección de La Tercera donde los suscriptores pueden enviar sus preguntas sobre distintos temas. De aquí a los comicios del próximo domingo 14, estaremos haciendo una versión “Segunda vuelta presidencial”, rescatando sus inquietudes.

Pregunta: ¿Qué propuestas viables tienen para resolver la situación de los inmigrantes irregulares?

Participan los suscriptores: María Esther Saldias, Samuel Arancibia

Jeannette Jara: orden, regularización y control del Estado

Su enfoque busca ordenar la realidad migratoria actual a través de la institucionalidad, combinando el control fronterizo con un proceso de regularización condicionado. La premisa es clara: para controlar el fenómeno, la información es clave, y el Estado primero debe saber con precisión quiénes se encuentran en el territorio nacional.

Las propuestas de su programa se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

  • Empadronamiento biométrico universal: la piedra angular de su plan es empadronar a la totalidad de los más de 330.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Como ha señalado en debates, el objetivo de esta medida es identificar a estas personas “saber quiénes son” como paso previo y fundamental para aplicar cualquier política posterior, permitiendo al Estado tener un catastro fidedigno de la población.
  • Regularización acotada y condicionada: como consecuencia directa del empadronamiento, Jara propone una “regularización acotada”. Este proceso, lejos de ser masivo o incondicional, estaría dirigido a quienes se hayan registrado en el sistema biométrico. El catastro permitiría al Estado aplicar la política de forma selectiva, distinguiendo entre diferentes perfiles de inmigrantes. Agrega, además, que quienes no se empadronen serán expulsados del país.
  • Fortalecimiento institucional: su programa de gobierno detalla la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Migraciones. Esto se lograría a través de la automatización de procesos, la mejora de infraestructura y un aumento en la dotación de personal, con el fin de que la migración se gestione de manera eficiente y como una política de Estado coherente.
  • Gestión de Flujos Migratorios: Propone la creación de un “Sistema de ordenamiento laboral migratorio”. Este mecanismo busca planificar los flujos de acuerdo con las necesidades reales del mercado laboral chileno, identificando las “ofertas de difícil cobertura”. Adicionalmente, se implementarían programas de convivencia intercultural en zonas con alta concentración de población migrante para fomentar la cohesión social.
  • Asistencia para el Retorno: Jara ha manifestado su disposición a ayudar a los migrantes que deseen regresar voluntariamente a su país. Mencionó el caso de ciudadanos venezolanos en la frontera norte, a quienes se les facilitaría la obtención de su documentación a través de los convenios existentes con países como Bolivia, agilizando así su retorno.
  • Expulsión de extranjeros condenados: Como parte de su estrategia para reducir el hacinamiento en las cárceles, el programa de Jara propone impulsar un proyecto de ley que permita establecer como pena sustitutiva la expulsión de extranjeros que cometan delitos tipificados en la Ley 20.000. Esta medida permitiría reducir el hacinamiento en las cárceles, que hoy tienen cerca de un 16% de población extranjera.

José Antonio Kast: expulsión, cierre de fronteras y cumplimiento de la ley

La estrategia de Kast se centra en el cumplimiento estricto de la norma y la soberanía nacional, priorizando la expulsión de todos los inmigrantes en situación irregular por sobre cualquier proceso de regularización.

Sus propuestas clave se resumen en los siguientes puntos:

  • Expulsión como política central: la propuesta fundamental de Kast es la expulsión de todos los inmigrantes que se encuentren de manera irregular en el país. En distintas instancias ha reafirmado su intención de instar a estas personas a abandonar el territorio nacional, dejando claro que quienes no lo hagan enfrentarán la acción del Estado para su salida forzosa.
  • Criminalización de la estadía irregular: un pilar de su estrategia de disuasión es un cambio legal significativo. Kast ha sido enfático en señalar que, bajo su eventual gobierno, la permanencia irregular en Chile “va a ser un delito”. Esta modificación transformaría una falta administrativa en un acto criminal, endureciendo las consecuencias legales y facilitando la acción del Estado para su persecución y expulsión.
  • Control fronterizo y cero regularización masiva: su programa establece el compromiso de “cerrar la puerta a los ingresos clandestinos” y rechaza categóricamente la posibilidad de realizar “regularizaciones masivas”. Esta medida busca enviar una señal inequívoca de que no se tolerará el ingreso por pasos no habilitados.
  • Diferenciación de roles Estado-Iglesia: Consultado sobre la postura de la Iglesia Católica, que ha calificado de “no evangélica” una política basada en la expulsión, Kast ha diferenciado claramente los roles. Sostiene que la Iglesia cumple una función de “acogida, solidaridad y caridad”, mientras que el Estado tiene el deber ineludible de “hacer cumplir la ley”, argumentando que ambos roles operan en planos distintos.

Importante:

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