La semana comenzó y cerró con el caso ProCultura ardiendo por los cuatro costados de La Moneda y la Fiscalía. De la primera, porque los antecedentes conocidos desde el viernes 9 de mayo a la fecha implicaron que en cosa de horas y días quienes alguna vez fueron cercanos al fundador de ProCultura, Alberto Larraín -como el Presidente Boric, el diputado Diego Ibáñez y el gobernador Claudio Orrego- lo negaran múltiples veces, intentando apartarse de una cercanía personal y política que ahora tiene a personeros del Ejecutivo y de diversas gobernaciones regionales en medio de una investigación judicial cuyas hipótesis van desde el fraude al Fisco hasta el eventual financiamiento de la política.

Y de la Fiscalía, porque el persecutor que hasta ayer llevaba la causa -el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper- tuvo un serio revés el viernes, cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso de amparo de Josefina Huneeus -exesposa de Larraín- y declaró ilegal la intervención de su teléfono celular, siendo ella testigo y no imputada en la causa.

“Se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”, fue uno de los duros argumentos que el tribunal de alzada expuso en su fallo en que acogió el amparo de la siquiatra, cuyas conversaciones personales con el Presidente Boric formaron parte de la carpeta investigativa del caso.

Cooper -que fue acusado de “espionaje político” por parte del Frente Amplio y espera la resolución de una solicitud de remoción ante la Corte Suprema por la filtración de chats entre Karol Cariola e Irací Hassler- fue inmediatamente removido la noche del viernes por la Fiscalía Nacional. Su investigación fue reasignada a la Fiscalía Regional de Antofagasta, cuya cabeza es Juan Carlos Bekios.

Junto con eso, además, se pidió a Cooper “que proceda a informar sobre todos los puntos observados en el reciente fallo judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta que, acogiendo un amparo, declaró ilegales diversas diligencias intrusivas solicitadas en el marco de la causa precitada”.

Un durísimo revés para la Fiscalía, que debió haber llevado esta investigación -particularmente compleja y sensible políticamente- de manera impecable. Hasta ahora, no lo ha logrado.