Estado de derecho y narcotráfico

*Esta columna fue escrita junto a Jorge Barrera, abogado U. de Chile.

La relación de funcionarios del Municipio de San Ramón con narcotraficantes de La Bandera, denunciado en un reportaje de Informe Especial, ha puesto en el debate público lo que es un secreto a voces en muchas poblaciones de nuestro país. Es en esta línea que el último informe de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito del Ministerio Público, señala que el narcotráfico ha escalado al punto de generar una "vulneración de la vigencia del Estado de Derecho, […] afectando normas básicas como el derecho a la vida y la integridad física". En el mismo informe, se detectan más de 400 barrios a nivel nacional en donde está instalada una cultura de organización que gira en torno al poder e influencia de narcotraficantes. Más allá del evidente fracaso de las políticas públicas para enfrentar el problema, es necesario preguntarnos sobre el rol del Estado en estos territorios capturados por la narcocultura, y más específicamente, sobre el rol de las instituciones políticas en el combate al crimen organizado.

Para responder lo anterior, hay que hacernos cargos de algunos mitos; entre ellos - quizás el más usual - , aquel que demarca el problema del narcotráfico como un problema estrictamente policial, desconociendo la naturaleza multidimensional del problema, que se alimenta y crece en torno a las condiciones de pobreza en que viven millones de chilenos. El otro mito, tiene que ver justamente con la pobreza: ¿Es posible salir de la pobreza sin salir de un entorno que amenaza mi seguridad y la de mis vecinos? ¿Puedo vivir, educar a mis hijos, pasar tiempo de calidad con mi familia, en un lugar donde las balaceras son pan de cada día? ¿Qué rol debe asumir el Estado y la autoridad frente a tan delicada y angustiante situación? La respuesta que esperan los chilenos es una actitud enérgica y comprometida, y eso en la práctica, tiene que ver con un despliegue de policías en las zonas de mayor conflicto, movilizando recursos para combatir el narcotráfico y pacificar poblaciones capturadas por bandas delictuales que controlan barrios completos, que se imponen a través del miedo y el amedrentamiento, instalando falsos códigos de lealtad y relacionamiento que hace imposible a muchos jóvenes salir del círculo delictivo.

La tarea es urgente e ineludible. Si postergamos este ejercicio de autoridad, corremos el riesgo de seguir la suerte de otros países en Latinoamérica, en donde el narcotráfico desdibujó las fronteras de la institucionalidad, siendo el caso de Venezuela el más paradigmático, en donde por más de 15 años el chavismo ha validado la intromisión de grandes carteles de la droga en prácticamente todos los asuntos públicos,  convirtiendo al país petrolero en un verdadero "Narco-Estado", como bien se relata en el libro "Chavismo, narcotráfico y militares", del periodista Héctor Landaeta (Editorial Libros Marcados, Caracas, 2014).

Esta elección presidencial constituye una plataforma particularmente importante para visibilizar el flagelo que sufren miles de compatriotas que son esclavos de todo lo que rodea la droga: desde la adicción misma, hasta la inseguridad y servicialidad con la que operan verdaderos micro dictadores en nuestras poblaciones. Por lo mismo, no se vislumbra un punto de inflexión más nítido para que de una vez por todas, la clase política y quienes postulan a la primera magistratura de la nación, no permitan que las urgencias sociales sean eclipsadas por los metarelatos alegóricos o el eficientismo reduccionista de algunos sectores.