SEÑOR DIRECTOR:

En mi calidad de abogado defensor de doña Andrea Romero Jara, aludida en la nota del día domingo 6 de abril pasado “Las pistas de una jueza vinculada al crimen organizado”, aclaro lo que sigue:

Es falso que exista evidencia que la vincule en acciones de tráfico de drogas y de armas. Así lo estableció la magistrada del Tribunal de Garantía de Los Ángeles quien descartó dichos ilícitos.

No existe evidencia que acredite que mi defendida ayudase a “mantener su empresa delictual” a su defendido de apellido Bastardo. Tampoco existen “pequeños triunfos judiciales” en beneficio del mismo por resoluciones de la jueza Cherie Palomera quien sólo autorizó una entrada y registro a un domicilio a solicitud de la fiscalía, donde efectivamente se encontraron armas ilícitas, por lo que resultó condenado su poseedor. Hago presente que la I. Corte de Apelaciones de Concepción absolvió a dicha magistrado en el sumario incoado por estos hechos.

Tampoco es cierto que entre mi clienta y dicha jueza existiese estrecha amistad. Los contactos acreditados son escasos, aislados, en el tribunal o en lugares públicos, y dan cuenta de una relación normal entre abogados litigantes y una juez en una ciudad como Los Ángeles. Mencionar la asistencia a una cena en un restaurant con otros litigantes, tomar café en su despacho -abierto a los letrados, pedir una opinión jurídica o compartir jurisprudencia es normal entre colegas. No existen reuniones en casas ni viajes al extranjero que indiquen lo contrario.

Es falso que mi representada manejara “información privilegiada de causas de drogas” con la cual “maquillara” solicitudes para lograr beneficios de la ley 20.000. Su marido, mientras ejerció como fiscal, jamás le envió antecedentes reservados de investigaciones en curso.

El artículo reproduce solo la visión de la fiscalía. Lamentamos que en su elaboración se omitiese consultar a esta defensa.

José Luis Andrés Alarcón

Abogado

N. de la R.:

La Tercera intentó contactar a todas las defensas para obtener sus versiones.