SEÑOR DIRECTOR:

El caso Junaeb instaló una palabra equivocada. Allanamientos, dispositivos incautados, un abogado imputado que acumula decenas de audiencias registradas: buena parte de la cobertura lo describe como lobby, y el propio director del servicio advierte sobre “procesos de captura” en el borde de la legalidad. Pero la Fiscalía no investiga el lobby. Investiga cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco.

La distinción no es semántica. El lobby es una actividad legal, registrada y trazable. Quien paga por una decisión, compra información reservada o presiona para remover a un fiscalizador no está haciendo lobby: está delinquiendo. Confundirlos tiene un costo doble, porque le presta respetabilidad al delito y le quita legitimidad a quienes trabajamos con registro y a la vista.

También tiene un costo regulatorio. Si el problema se llama lobby, la reforma se agota en apretar el registro de audiencias, un instrumento que nunca fue diseñado para detectar una trama de corrupción. Las piezas que fallan están en otra parte: la puerta giratoria, el diseño de las bases de licitación, la trazabilidad del dinero. Es ahí donde la OCDE puso el acento en sus recomendaciones sobre la Ley del Lobby, que llevan años sin convertirse en ley.

Un programa de más de mil millones de dólares al año merece esa discusión y no una caricatura. Nombrar bien es la condición para regular bien.

Eugenio Ravinet

Socio director de KOM