SEÑOR DIRECTOR:

Desde el análisis del crimen organizado, la aprobación de la nueva Ley de Inteligencia responde a una urgencia que el país ya no puede seguir postergando. Chile enfrenta hoy un proceso de sofisticación criminal que no se expresa solo en más delitos, sino en redes estables, transnacionales y con capacidad de capturar territorios, mercados, instituciones y circuitos económicos completos.

El mayor riesgo para el Estado no es el hecho delictual aislado, sino la pérdida progresiva de capacidad para anticipar y desarticular estas estructuras antes de que consoliden poder. Cuando el crimen organizado logra operar sin detección temprana, infiltrar flujos financieros, utilizar cárceles como centros de operación o aprovechar brechas fronterizas y tecnológicas, la reacción penal tradicional llega tarde y a un costo institucional enorme.

En este escenario, la inteligencia no es una herramienta accesoria, sino una condición básica de soberanía y seguridad democrática. Anticipar amenazas, identificar patrones y advertir tendencias permite actuar antes de que el daño sea irreversible. La nueva ley avanza en esa dirección al fortalecer la planificación estratégica, ampliar la coordinación interagencial y elevar los estándares de control judicial para el uso de facultades excepcionales.

El desafío es claro: si el Estado no desarrolla capacidades reales de inteligencia preventiva, otros actores ocuparán ese espacio. La alternativa no es entre seguridad y democracia, sino entre anticipación responsable o pérdida de control. La inteligencia, bien regulada y controlada es una necesidad estratégica para evitar que el crimen organizado se transforme en un poder fáctico difícil de revertir.

Luis Toledo

Director Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado, USS