SEÑOR DIRECTOR:

Toda mentira necesita dos cosas para sobrevivir: tiempo y silencio. Cuando el Estado aporta ambos, el problema deja de ser el error y pasa a ser el encubrimiento. Eso es lo que ha revelado la confirmación, mediante prueba de ADN, de que Bernarda Vera estaba viva.

La verdad no puede depender de la conveniencia política del momento. Mucho menos cuando de ellos dependen procesos judiciales, responsabilidades penales y la credibilidad de las propias instituciones. La querella presentada el año pasado busca esclarecer si autoridades del Ministerio de Justicia, conociendo estos antecedentes, incumplieron el deber legal de ponerlos en conocimiento de los tribunales y del Ministerio Público. Si aquello se acredita, estamos ante la decisión deliberada de anteponer una versión oficial al deber de decir la verdad ante la justicia.

Pero el caso Bernarda Vera revela algo todavía más inquietante. Durante mucho tiempo hemos dado por inmutable un conjunto de verdades oficiales que, precisamente por su gravedad, debieran estar siempre abiertas al escrutinio de la evidencia. Bernarda Vera figuró durante décadas como detenida desaparecida en el Informe Rettig. Ese solo hecho obliga a revisar con rigor todas las actuaciones judiciales y administrativas que pudieron sustentarse sobre esa premisa. No para negar la historia, sino para impedir que la historia termine sustituyendo a la prueba.

Una democracia no se debilita cuando corrige sus errores; se debilita cuando decide administrarlos. Los derechos humanos no necesitan dogmas ni relatos protegidos por el silencio. Necesitan verdad, incluso cuando esa verdad incomoda. Porque el verdadero legado del caso Bernarda Vera no es haber descubierto un error. Es haber puesto a prueba la voluntad del Estado para reconocerlo y corregirlo.

Juan Antonio Urzúa

Secretario General Partido Nacional Libertario

Maximiliano Murath

Abogado, defensor de uniformados