SEÑOR DIRECTOR:

Reforzar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial es uno de los principales desafíos en distintas latitudes. El 2025 fue un año en continuó recordándonos su importancia, no sólo para el correcto funcionamiento del sistema de justicia sino también para fortalecer el Estado de Derecho y el resguardo de los derechos como pilares centrales de la democracia. Situaciones tan distintas como lo observado en este año en México, en Estados Unidos, en Brasil o en los recientes fallos europeos sobre Polonia, demuestran que la urgencia de reforzar la independencia judicial en tiempos de polarización y desconfianza institucional.

Sin duda, estos últimos años nos han demostrado que, como país, no somos ajenos a esta discusión. Desde el regreso a la democracia, el sistema de nombramientos judiciales y una serie de reformas a la justicia han sido debates sostenidos en el tiempo. Solo sobre el sistema de nombramientos en los últimos años han existido diversas propuestas desde los gobiernos, la academia, la propia Corte Suprema, además de las que emanaron de los procesos constitucionales (Pacareu y Soto, 2025). Ello, sin embargo, sin lograr la necesaria concreción en reformas efectivas.

Existen avances sobre los cuales las nuevas autoridades judiciales y gubernamentales pueden iniciar el 2026. La implementación del nuevo Código de Ética Judicial es uno de ellos. El proyecto de reforma al sistema de nombramientos judiciales, actualmente en discusión en el Senado, con los necesarios ajustes y mejoras, también. Se suman desafíos en materia de justicia civil, actualización de inhabilidades, o la justicia especializada. Abocarnos a materializar estas reformas parece hoy más urgente que nunca.

Isabel Aninat

Decana Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez