SEÑOR DIRECTOR:

En Pulso de este lunes se publicó una nota sobre la alta tasa de fraudes bancarios que se registra en el país aun después de la Ley 21.673 (mayo 2024), en donde se señala, a partir de un reciente informe del Banco Central, que la normativa incentiva la judicialización, exige un alto estándar probatorio y prohíbe los seguros por fraudes.

Al respecto, desde mi experiencia de jueza de policía local, usuaria de medios de pago y de alguien que procura tener un acercamiento científico al fenómeno delictual, considero necesario relevar la importancia de mejorar las medidas de prevención y detección de estos fraudes, en consonancia con la creciente sofisticación que van presentando y examinando las características de los sistemas financieros, sus vulnerabilidades, los incentivos normativos y el comportamiento de los usuarios.

Así, desde el enfoque de la prevención situacional, es posible distinguir medidas que podrían reducir las oportunidades para este tipo de fraudes, tales como: eliminar pagos con el mero contacto del plástico; eliminar las operaciones con tarjetas de crédito basadas solo en datos impresos en ellas, exigiendo siempre autenticación adicional; permitir que el usuario defina valores límite de sus operaciones; disponer el bloqueo preventivo del medio de pago ante transferencias sucesivas en lapsos breves –2 a 3 minutos- a nuevos destinatarios o ante compras consecutivas a comercios; facilitar 24/7 mecanismos ágiles para reportar la sustracción o el extravío de tarjetas o de dispositivos móviles e imponer mecanismos de colaboración entre emisores y también proveedores de servicios de iniciación de pagos, para impedir que la operación con patrón fraudulento se concrete en favor de los delincuentes.

Viviana Muñoz Sandoval