SEÑOR DIRECTOR:

La Ley 21.724 –que obliga a los funcionarios públicos a cesar en sus cargos al cumplir 75 años– representa un preocupante avance en la institucionalización de la discriminación por edad en Chile. Esta disposición, que no aplica a parlamentarios ni ministros, desconoce un principio básico: la edad no determina la capacidad de una persona para seguir aportando al país.

Según la encuesta Casen 2022, siete de cada diez personas mayores de 60 años trabajan por necesidad económica. Entre quienes se pensionaron entre julio de 2023 y junio de 2024, la mediana de la pensión autofinanciada fue de $155.547 en hombres y apenas $49.971 en mujeres, según la Superintendencia de Pensiones. Casi la mitad de las mujeres mayores no cuenta con ahorro previsional. Y, sin embargo, no todo es necesidad: el 71 % de quienes siguen trabajando lo hace también porque disfruta su labor y desea mantenerse activa.

Chile está envejeciendo. Hoy, una de cada cinco personas supera los 60 años –y en 2050 será una de cada tres, según proyecciones oficiales–. ¿Tiene sentido excluir por ley a quienes más experiencia tienen?

No se trata solo de cifras. Se trata de dignidad. El trabajo es pertenencia, propósito, vínculo. La vejez no puede seguir tratándose como sinónimo de obsolescencia. La experiencia no puede tratarse como descarte.

Macarena Palou

Ingeniera Comercial