SEÑOR DIRECTOR:

La interpelación al canciller Pérez Mackenna dejó en evidencia un problema que excede al ministro y que conviene decir enfáticamente: la figura del artículo 52 de la Constitución es un injerto foráneo, tomado de los regímenes parlamentarios, en un sistema presidencial que nunca pudo asimilarlo.

La historia de la Ley N° 20.050 muestra que se la concibió para que los ministros respondieran preguntas sobre asuntos concretos, aunque el Senado, advertido del uso abusivo que hiciera la Cámara baja, que desembocó en la anarquía parlamentaria de inicios del siglo XX, la rodeó de cautelas que terminaron por vaciarla. Hoy la sesión carece de toda consecuencia jurídica y concluye, como ocurrió el lunes, en una mera solicitud de antecedentes, y peticiones de renuncia, ajenas al régimen político chileno.

En sede constitucional el defecto es más hondo, pues los ministros son colaboradores directos e inmediatos del Presidente, de su exclusiva confianza, y su responsabilidad sólo se hace efectiva mediante la acusación constitucional. Interrogarlos en el hemiciclo sin posibilidad de censura es un seudoparlamentarismo que toscamente imita la escenografía de Westminster sin su lógica de responsabilidad. Tratándose de la política exterior, cuya conducción la Constitución confía privativamente al Jefe de Estado, la Cámara termina ventilando ante observadores extranjeros disensos que el país debiera procesar por otras vías, a costa de la separación de poderes, y erosionando -una vez más- la seguridad nacional.

Es hora de preguntarse si un instrumento que sólo produce espectáculo merece seguir en nuestro texto constitucional.

Felipe Lizama Allende

Abogado