SEÑOR DIRECTOR:

El caso de Bernarda Vera —quien durante décadas figuró como detenida desaparecida y que hoy se presume viviría en el extranjero— reabre el debate sobre memoria, verdad y justicia. Treinta años después, surge la posibilidad de que una persona registrada como víctima no haya estado desaparecida o que su identidad fuese suplantada, hecho doloroso y desestabilizador para su familia, especialmente para su hija que la buscó convencida de su muerte. Confirmar su identidad no es sencillo, pues requiere la intervención de organismos competentes, proceso que también depende de la voluntad de quien ha sido localizada.

Estos vacíos reflejan la práctica de la desaparición forzada para ocultar destinos, el encubrimiento sistemático de la dictadura, la negativa de perpetradores y Fuerzas Armadas a entregar información y las limitaciones del poder militar durante la transición, incluyendo la remoción de restos humanos. Esfuerzos como la Mesa de Diálogo no lograron resultados sustantivos. Sin ese silencio deliberado, casos como este difícilmente existirían hoy.

El episodio debe asumirse como parte de una búsqueda de verdad y justicia aún inconclusa, sin relativizar las violaciones ni debilitar la responsabilidad estatal. De allí la relevancia del Plan Nacional de Búsqueda que ha identificado casos como el del joven Pino desaparecido en Arica a los 16 años y aún fuera de la nómina oficial. Chile sigue debiendo a las víctimas y a sus familias una búsqueda seria, continua y respetuosa de su dignidad.

Marcela Zúñiga Reyes

Investigadora del Centro de Derechos Humanos UDP