SEÑOR DIRECTOR:

Soledad Alvear plantea en su columna del 06 de agosto que el proyecto para sustituir la pena de cárcel por reclusión domiciliaria, para los mayores de 80 años o que tengan enfermedades graves, debería considerar exigencias más elevadas para “los casos de gravísimas violaciones a los derechos humanos, como lo es la situación de los crímenes de lesa humanidad”, evitando así “toda posibilidad de impunidad”.

Al respecto, me parece injusta la idea de incluir “letra chica” en tal proyecto. Primero, porque no hay impunidad, pues se trata de una conmutación de pena y no de absolución. Segundo, no es justo asumir que todos los militares condenados son criminales, ya que la mayoría tuvo una participación menor, acorde con el bajo grado que ostentaban al momento de los hechos.

En muchas sentencias no se ha respetado el debido proceso, puesto que han sido juzgados bajo el antiguo sistema penal, suspendido por arbitrario hace 20 años. Desde ya, el calificativo de “criminales de lesa humanidad”, es producto de la aplicación retroactiva –sí, retroactiva- del Tratado de Roma, que entró en vigor en Chile recién el año 2009.

A modo de ejemplo de las complejas situaciones que ocurren en los juicios contra exuniformados, actualmente se ventila una acusación por presunta prevaricación culposa en la Corte de Apelaciones de Temuco, por el caso Polvorín, del regimiento Tucapel, que se comenta en una edición reciente de La Tercera.

Miguel A. Vergara Villalobos