SEÑOR DIRECTOR:

El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México e instauró como política de seguridad pública aquella conocida como “abrazos, no balazos”. Su enfoque priorizaba los programas sociales, la reinserción y el combate a las causas estructurales de la delincuencia, en lugar de la confrontación directa con el crimen organizado. Esta visión ha sido continuada por su sucesora, reafirmando la permanencia de dicha estrategia.

Sin embargo, los resultados son alarmantes: más de 230.000 homicidios dolosos han ocurrido en México desde julio de 2018 hasta la fecha, según cifras oficiales. Esto equivale a un promedio de 625 homicidios por semana durante los últimos siete años, evidentemente la violencia no ha cedido, ni el poder del crimen organizado disminuido.

Este ejemplo debe servirnos en Chile como una advertencia seria. Enfrentar al crimen organizado con eslóganes emotivos y retórica pacifista puede ser popular, pero no es efectivo. Las bandas criminales no se disuelven con abrazos, ni los territorios se recuperan con mensajes de amor.

Nuestro país enfrenta hoy desafíos crecientes en seguridad pública, narcotráfico, crimen transnacional y crimen organizado urbano. Por eso, resulta imprescindible que la política criminal y de persecución penal se base en la fuerza legítima del Estado, en la inteligencia policial, el uso de tecnología, la coordinación interinstitucional y la firmeza de nuestras instituciones. No en consignas populistas, menos aún en año electoral, que pueden resultar tan inofensivas como peligrosamente ineficaces.

Chile no puede darse el lujo de experimentar con fórmulas fracasadas en otros países. La seguridad no se regala: se construye.

Ernesto Aguilar

Abogado