SEÑOR DIRECTOR:

En las elecciones municipales de 2024, ingresaron —según estimaciones— más de seis millones de personas adicionales en comparación con los mismos comicios en 2021. Este aumento evidencia el éxito de la implementación del voto obligatorio en términos de elevar la tasa de participación electoral.

El gran valor de esta norma, además de reflejar de forma más fiel las verdaderas preferencias de la ciudadanía, radica en que logró incorporar efectivamente a sectores históricamente marginados, que antes se autoexcluían por razones educacionales o económicas.

Evidentemente, los desafíos de nuestra salud democrática son mucho más amplios y requieren una mirada sistémica y profunda. Sin embargo, para mantener —o incluso aumentar— los recientes niveles de participación, se necesita una legislación robusta que contemple sanciones efectivas para quienes incumplan con este deber cívico. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir la norma en letra muerta y, con ello, desalentar la participación de los sectores más vulnerables que, en teoría, se busca proteger.

Es necesario y urgente que se despache a ley el proyecto que regula la materia. Persistir en la lógica de “hacer y deshacer” en medio de procesos electorales en curso puede generar efectos no deseados sobre nuestro sistema político.

Kevin Canales García

IdeaPaís