SEÑOR DIRECTOR:

De acuerdo a cifras oficiales, hoy en Chile hay más de 120 niños y niñas menores de dos años viviendo junto a sus madres en la cárcel y 35 mujeres embarazadas privadas de libertad. Más de la mitad están en prisión preventiva, sin condena.

Largas horas de encierro, lugares con escasa luz natural, mala ventilación, poco o nulo contacto con el exterior y obstáculos para acceder a atenciones de salud son solo algunos de los problemas en las secciones materno-infantiles. Esto, sumado a la temprana separación de la madre a los dos años, tiene repercusiones que profundizan vulnerabilidades preexistentes y genera profundos daños en el desarrollo de estas niñas y niños.

Pese a que existen políticas focalizadas en este grupo, como el programa Creciendo Juntos, su capacidad es acotada, y la falta de coordinación interinstitucional genera nudos críticos que repercuten tanto en madres como en niñas y niños.

Desde el 2017, existe en el Senado un proyecto que permitiría que estas mujeres cumplan sus condenas con penas alternativas a la privación de libertad, y que se elijan medidas cautelares menos intensas que la prisión preventiva. Lamentablemente, tras 9 años, la ley sigue en tramitación, sin urgencia legislativa.

La escasa voluntad política,la falta de recursos y la presencia de prejuicios infundados, han permitido que esta situación se prolongue en el tiempo, sometiendo a madres y sus hijos e hijas a consecuencias que van mucho más allá de la cárcel.

Revertir esta realidad es urgente y posible. Hay que dar prioridad al proyecto pendiente y avanzar hacia condiciones dignas para este grupo, que no puede seguir esperando.

Antonella Oberti

Directora de Incidencia

Red de Acción Carcelaria