SEÑOR DIRECTOR:

Las recientes cifras de la Defensoría de la Niñez sobre vulneraciones de derechos ponen en evidencia la crisis que enfrenta la infancia en Chile. Entre 2021 y junio de 2025, más de 159 mil niños, niñas y adolescentes fueron registrados como víctimas, mientras la violencia letal continúa en aumento.

El último Boletín Estadístico del Ministerio Público indica que los homicidios consumados, frustrados y tentados contra menores de edad pasaron de 351 en 2024 a 387 en 2025. Ello equivale a un caso cada 22 horas. Aunque no todos terminan en muerte, la cifra refleja una forma extrema de violencia que se ha vuelto persistente.

Este fenómeno no se manifiesta de igual manera en todas las edades. En los niños más pequeños, los hechos se concentran principalmente en el entorno cercano, muchas veces asociados a violencia intrafamiliar. En cambio, en los adolescentes predominan los episodios en la vía pública, a menudo en el contexto del crimen organizado. Estas diferencias exigen respuestas específicas según edad y territorio, tanto en el ámbito preventivo como en persecución penal.

Ante este escenario, el Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de Niños, Niñas y Adolescentes, integrado por once instituciones del Estado, presentará una propuesta de medidas. Estas buscan fortalecer la acción temprana, el trabajo coordinado y las capacidades técnicas especializadas para contribuir a frenar esta situación.

La magnitud de este problema requiere una estrategia nacional sostenida en el tiempo. Se necesitan políticas públicas eficaces y articuladas para fortalecer, de manera urgente, la protección de la infancia en el país.

Pía Greene

Directora ejecutiva

Fundación Amparo y Justicia