SEÑOR DIRECTOR:

El debate en torno a la ley miscelánea deja una señal preocupante sobre la calidad de la deliberación parlamentaria. El llamado “tsunami” de indicaciones y la respuesta del Ejecutivo no son solo episodios procedimentales. Son síntomas de una política que confunde firmeza con bloqueo y defensa de atribuciones con renuncia al diálogo.

Desde una perspectiva democrática, el Congreso existe para procesar diferencias, ordenar conflictos y producir acuerdos legítimos. La deliberación supone desacuerdo, pero también reglas compartidas, escucha y responsabilidad pública. Cuando el debate deriva en maniobras, acusaciones cruzadas y cálculos de corto plazo, la ciudadanía ve deterioro institucional.

El problema no es que existan diferencias entre gobierno y oposición, eso es propio de una democracia viva. El problema aparece cuando la diferencia deriva en diálogo de sordos y cada actor habla más para su barra que para resolver problemas. Allí el daño deja de ser comunicacional y pasa a ser político. Se erosiona la confianza, se debilita la imagen del Parlamento y se instala la idea de instituciones más ocupadas de disputas internas que en responder a la vida cotidiana.

Los representantes fueron elegidos para legislar, fiscalizar y construir acuerdos posibles. No para convertir cada discusión en una prueba de fuerza. Mientras el Congreso multiplica gestos y el Ejecutivo calcula respuestas, la ciudadanía espera soluciones en seguridad, salud, empleo, educación y costo de vida. Cuidar el diálogo parlamentario no es una concesión amable, es una exigencia básica de la democracia representativa.

Gustavo Campos

Investigador CDOP, U. Central