SEÑOR DIRECTOR:

La iniciativa del gobierno de rebajar la edad de responsabilidad penal desde 18 a 16 años, aumentando las penas para adolescentes que cometan delitos de extrema gravedad, ha causado polémica.

Hay coincidencia que el aumento de delitos cometidos por adolescentes, en parte, porque son “reclutados” por el narcotráfico para cometer ilícitos, es un fenómeno grave y preocupante. Desde luego, la rebaja sigue una tendencia a nivel internacional. En la mayoría de los países de la OCDE la edad mínima se ha ido reduciendo y actualmente está alrededor de los 15 años. Sin embargo, también es cierto que bajar la edad y aumentar las penas no han tenido mayores efectos, lo que se atribuye a que, a esas edades, el desarrollo de la corteza prefrontal —sede del control de impulsos, evaluación de consecuencias y juicio moral— está en pleno desarrollo. Esto significa que la conducta y reacción de los jóvenes frente a penas más severas no responde con igual eficacia a la de un adulto. Pero, además, ello desafía la noción de voluntad libre en adolescentes y entonces cabe la pregunta de si puede haber imputabilidad plena si no hay consciencia moral. La atrocidad de un acto no transforma retrospectivamente la madurez de su autor.

El debate que se está dando en Chile no es simplemente político: toca el problema filosófico-constitucional más hondo de nuestra democracia: cómo el Estado equilibra la demanda de seguridad de la mayoría con la protección de los derechos de los más vulnerables del sistema, incluyendo a los adolescentes que caen en la droga y delinquen.

Carlos Williamson

Rector Universidad San Sebastián