SEÑOR DIRECTOR:

Comparto con Carolina Tohá, en su columna titulada como esta carta, un punto fundamental: para discutir si un gobierno es o no de ultraderecha, primero debemos entender todos el mismo concepto.

Aunque existan diferencias sobre qué otros elementos integran esa definición, compartimos un mínimo común: la defensa de las instituciones de la democracia liberal, el Estado de Derecho, la separación de poderes y las libertades fundamentales. Ese estándar debe aplicarse con igual rigor a cualquier gobierno o proyecto político.

Sin embargo, esa misma exigencia faltó cuando buena parte de la izquierda defendió el texto de la primera Convención Constitucional, que contenía importantes rasgos iliberales: debilitamiento de los contrapesos institucionales, sistemas jurídicos diferenciados según pertenencia indígena y una expansión de derechos colectivos que tensionaba la igualdad ciudadana. Lo mismo ocurre cuando no se aplica ese estándar a aliados como el Partido Comunista, que sigue justificando dictaduras que violan sistemáticamente los derechos humanos.

Los gobiernos deben juzgarse, sobre todo, por sus actos. Hasta ahora, el gobierno del Presidente Kast no ha impulsado reformas destinadas a debilitar la democracia liberal. Si el criterio es ese, debe ser el mismo para todos.

Hernán Larraín M.