El diputado hace un llamado al gobierno a que ordene a sus bancadas: “Le pido al Presidente Boric, como garante del acuerdo, que haga todo lo que está a su alcance para que las fuerzas oficialistas cumplan su palabra”. Además, le solicita al Ejecutivo que luego de esto enfrente “la pobreza, la delincuencia y la inflación con sentido de urgencia”.
La vicepresidenta del partido de Gabriel Boric afirma comprender las críticas que se han levantado desde otros partidos de Apruebo Dignidad al pacto y que “parte de ellas las asumimos como propias”. Pese a ello, recalca que no ponen en duda el respaldo en el Congreso al camino constitucional que -dice- corrió riesgo de cerrarse tras el 4 de septiembre
El senador oficialista reconoce que el acuerdo constitucional no es “para salir a celebrar a las calles” y que no hubieran cedido en tanto si es que la derrota en el plebiscito hubiese sido menos abultada.
En un año particularmente crítico, la justicia guatemalteca cerró un periódico de circulación nacional, mientras que en Nicaragua ya van más de 100 reporteros en el exilio y el gobierno salvadoreño espía con Pegasus a los suyos.
Es el hombre elegido por Gabriel Boric para liderar la Comisión de Paz y Entendimiento entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche. ¿Su misión? Abrir caminos políticos para resolver la crisis del conflicto mapuche y, especialmente, diseñar un mecanismo para entregar tierras.
En los últimos diez años y pese a que en 2015 se le inyectaron más recursos y personal, los principales indicadores de la eficiencia y eficacia de la fiscalía para perseguir los delitos se han deteriorado: la duración de las causas se ha triplicado, ha crecido el porcentaje de imputados desconocidos, cada año son más las causas que se archivan, además de obtenerse menos condenas en los juicios orales. De ser ratificada el lunes por el Senado, este es el panorama que deberá asumir la nueva carta del gobierno, Marta Herrera.
Presidente del máximo tribunal aseguró ayer que ellos no tendrán responsabilidad en un eventual fracaso del nombre propuesto por La Moneda. Ante un escenario adverso en la Cámara Alta, las ministras Ana Lya Uriarte (Segpres) y Marcela Ríos (Justicia) activaron contactos con algunos legisladores.
Datos preliminares de un estudio de la PUCV revelan que esta área pasó de tener 403 hectáreas tomadas en 2021 a 650 en 2022. El aumento va aparejado de un crecimiento del 67% de causas por usurpación y loteos irregulares, según detalla la Fiscalía. Y hay más: el problema también se extiende a San Antonio y el litoral central.
