Todos contra "el Caballo": la olvidada primera acusación constitucional contra un Presidente de Chile

carlos ibañez

Carlos Ibáñez.

En 1931, solo un mes después de haber dejado el gobierno y partir al exilio en Argentina, Carlos Ibáñez del Campo fue notificado de un libelo acusatorio por parte de un grupo de diputados que le imputaba estar detrás del arresto y extrañamiento ilegales de varios parlamentarios.


Fue un mazazo. Estando en la casa donde residía en Buenos Aires, el expresidente de Chile y general de Ejército Carlos Ibáñez del Campo recibió en agosto de 1931 un sobre con un documento. Al abrirlo y leerlo, "El caballo" quedó impactado.

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Se trataba de una notificación desde la embajada chilena en la capital trasandina. ¿La noticia? Un grupo de diez diputados había presentado una Acusación constitucional en su contra.

La acusación constitucional contra un Presidente, regida bajo los fundamentos de la Constitución de 1925, era un hecho inédito hasta ese minuto. El único antecedente similar era el libelo que en 1868 unos parlamentarios presentaron contra un grupo de ministros de la Corte Suprema, entre ellos, el exmandatario Manuel Montt Torres. Sin embargo, la acusación se le presentó por su entonces calidad de magistrado y no como ex jefe de Estado. De hecho, la presentación contra Ibáñez se mantuvo como la única contra un mandatario hasta este 2019, cuando diputados impulsaron el mecanismo contra Sebastián Piñera.

¿Qué hacía Ibáñez en Argentina? Había salido de Chile poco tiempo antes, en julio de 1931 debido a una revuelta social que acabó con su mandato presidencial. La gran depresión de 1929 ya estaba repercutiendo de manera fuerte en el país. "El desempleo en la minería fue dramático, si se considera que de los 91.000 obreros trabajando en el sector hacia fines de 1929, solo quedaban 31.000 en actividad hacia fines de 1931. La paralización se extendió a los otros sectores de la economía. La producción industrial cayó un 25% en 1931, en tanto que el valor de las exportaciones agrícolas cayó un 86% entre los años 1929 y 1932", se explica en Historia del siglo XX chileno (Sudamericana, 2001) de los historiadores Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle y Manuel Vicuña.

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Dado el desastre económico, los estudiantes universitarios junto a diversos gremios salieron a las calles para pujar por la caída del gobierno. La represión fue violenta, y al resultar dos personas muertas todo el gabinete del general renunció, lo cual lo dejó sin más opción que seguir el mismo camino. El 27 del citado mes entregó el mando de la nación al presidente del Senado Pedro Opaso Letelier, pidió un permiso al Congreso para ausentarse del país por un año y al día siguiente emprendió el exilio a la nación trasandina. Sin embargo, el Parlamento no le dio el permiso y lo destituyó por abandonar Chile sin autorización.

Pero los hechos por los cuales los parlamentarios lo acusaban habían sucedido tiempo antes, en 1927 y en 1929. En concreto, se le responsabilizaba por la detención arbitraria de un grupo de congresistas, los cuales tras ser apresados fueron sometidos al extrañamiento –también a la Argentina- o al relegamiento en otras ciudades del país. El problema se hacía más insalvable para Ibáñez porque, tal como hoy, los miembros del Congreso contaban con fuero parlamentario y estas detenciones lo transgredían.

"Siendo todas las personas nombradas miembros del Congreso Nacional, ellas no podían ser arrestadas o perseguidas conforme al artículo 33 de dicha Constitución, salvo el caso de delito flagrante, caso que jamás se produjo, pues no sólo faltó la flagrancia sino aun hasta el consentimiento de un hecho delictuoso cualquiera", se indicaba en el libelo acusatorio.

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Pero eso no era todo. También se cuestionaba el hecho de que las penas de exilio y relegación no fueron tomadas por los órganos judiciales competentes. "Menos todavía, pudieron ser condenadas de hecho a las penas de extrañamiento unas y de relegación otras-que a eso equivalían las medidas coercitivas de que se les hizo objeto-, sin haber sido juzgadas legalmente por tribunal facultado para ello, conforme a los artículos 11 y 12 de la misma Constitución", se explicaba en el documento acusador.

Los arrestos y deportaciones, según consta en el libelo, fueron realizados por efectivos de Carabineros (la institución ya existía desde 1927) y se les criticaba no solo por haber actuado "con verdadera inhumanidad, por la violencia de los procedimientos empleados, siempre sin formalidad legal alguna", sino que también por el hecho de que "ni siquiera se dio a los afectados un pretexto cualquiera para explicar aparentemente el vejamen de que eran objeto".

Pero, ¿de qué forma los parlamentarios vinculaban a Ibáñez con estas detenciones? En el citado documento se lee: "Los ejecutores de tales atropellos, manifestaron, en cada oportunidad, que procedían por orden del Gobierno de la República, y, en efecto, el país entero y especialmente las numerosísimas personas, parientes o amigos de las víctimas que intercedieron a favor de estas, saben y les consta que los referidos vejámenes eran dispuestos en el último término, por el entonces Presidente de la República, ciudadano Carlos Ibáñez del Campo, en anuencia, a veces, con ministros de su despacho y con otras autoridades de su dependencia, entre otras, el Intendente de Santiago, Manuel Salas Rodríguez, y el subprefecto general de Investigaciones Ventura Maturana".

Me voy, pero volveré

Como hombre de acción que era, y contrariado por la situación a la que se enfrentaba, Carlos Ibáñez preparó su defensa. Sin dudar un segundo, de su puño y letra comenzó a redactar un escrito que envió al Parlamento.

El militar, en su estilo directo, no se guardó nada a la hora de justificar los actos por los que fue acusado. "Si hubiera de referirme a hechos de esa naturaleza ocurridos el año 1927 en circunstancias que ocupaba la Vicepresidencia de la República, ellos fueron ordenados con el fin de asegurar el afianzamiento del régimen que entré a servir de acuerdo con los postulados de la revolución de septiembre. No es mi deseo recurrir en mi defensa a argumentos abogadiles, pero sí debo manifestar que después de esos hechos fui elegido Presidente de la República, cuya elección fue sancionada por la gran mayoría del Congreso Nacional, elegido por el pueblo dos años antes y fui aclamado de un extremo a otro del país; en todos las provincias que visité, cansadas de anarquía política y desgobierno, se me pedía un gobierno fuerte, el restablecimiento de la autoridad y la expulsión de los elementos perturbadores".

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Además, Ibañez culpó a la falta de instrumentos legales para hacer frente a situaciones difíciles como motivo para haber tomado las decisiones que sus acusadores le achacaban. "Para llevar a la realidad el programa de reconstrucción, y principalmente el de depuración, hube de adoptar y autorizar la adopción con mucho sentimiento personal, de medidas que si bien no están expresamente consideradas en el texto escrito de Nuestra Carta Fundamental, muchas de cuyas disposiciones están inspiradas en principios arcaicos, preconizados en épocas en que los legisladores no pudieron prever la complejidad de los nuevos problemas ni los nuevos y variados procedimientos utilizados por la delincuencia y la ambición política, eran en cambio exigidas en forma pública e incontenible por la inmensa mayoría de los ciudadanos, que divisaba en la eliminación inmediata de los perturbadores y conspiradores recalcitrantes, la única posibilidad de implantar un gobierno fuerte que todos exigían, con el fin de encauzar al país por el camino del progreso y del engrandecimiento. Y para asegurar la restauración dela completa normalidad constitucional y su afianzamiento en el porvenir, no omití tampoco sacrificio alguno y mantuve constantemente las fuerzas armadas en sus propias y exclusivas actividades profesionales, que por otra parte constituían su mayor aspiración. Así creí servir el futuro desenvolvimiento de nuestra democracia y evitar que las instituciones depositarias de las glorias de la patria se las comprometiera nuevamente en luchas políticas como ocurría en épocas de desgobierno".

Pero como un sabueso que tiene un agudo olfato político, Ibáñez también aprovechó la misiva para justificar la forma en que entregó el poder y salió de Chile. "Mi salida de Chile fue inspirada en el deseo de contribuir a la armonía de mis conciudadanos frente a los graves problemas económico-financieros que tan gravemente venían afectando al país con ocasión de la más grave crisis que registra la historia. Estuvo en mi mano restablecer el orden y continuar mi gobierno, contaba con la fuerza sólidamente disciplinada y apolítica, pero eso no bastaba para resolver los graves problemas nacionales; era necesaria la cooperación de todos los chilenos".

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Esta idea no fue antojadiza. La historiadora y académica de la Universidad de Chile, Elisa Fernández, la explica a Culto: "Era un tipo visionario, se dio cuenta de que para perpetuarse, lo mejor era retirarse y exiliarse en Argentina que quedarse en el país. No es que él quisiera evitar una guerra civil, lo que quería era volver al poder. Por eso se retira tan elegantemente, no era algo propio de los dictadores de la época en Latinoamérica".

Un general autonombrado

Ibáñez había irrumpido en la política chilena en los agitados días de 1925 en que el Presidente Arturo Alessandri se encontraba fuera del país y el entonces coronel lideró un golpe que derrocó a la junta militar que a su vez había hecho caer al "León". Luego, formó parte del gabinete como ministro de Guerra y posteriormente, se transformó en el vicepresidente de Emiliano Figueroa, aunque era él quien llevaba efectivamente las riendas del poder. "Bajo la supremacía del coronel Ibáñez el gobierno no admitió ni oposición ni crítica. Se implantó la censura de la prensa. Ibáñez ordenó deportar y exiliar hasta a las figuras más importantes que se le pusieron por delante", según el citado Historia del siglo XX chileno. De ahí comenzaron los arrestos y deportaciones que la Cámara le enrostró como motivo de la acusación constitucional.

En 1927, tras la renuncia de Figueroa, Ibáñez se presentó como candidato único a la presidencia. Sencillamente arrasó, obtuvo el 98% de los votos. Una vez instalado como amo absoluto en La Moneda, Ibáñez no solo continuó con la persecución a opositores políticos, sino que fue más allá. "Es quizás también el primer Estado policial en Chile, el cual disponía de un cuerpo capaz de montar operaciones de vigilancia y de aplicar apremios para recabar información. Aparte de exiliar y relegar a numerosos opositores, se atropelló la libertad y la dignidad de sectores específicos de la ciudadanía en aras de alcanzar sus propósitos de 'orden y progreso'. La dictadura de Ibáñez estuvo obsesionada con ideas eugenésicas de 'depuración' y 'regeneración'", se afirma en Historia del siglo XX chileno.

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Sin embargo, la historiadora Elisa Fernández destaca otros aspectos del mandato de Ibáñez. "Hay cambios sociales fundamentales. Se produjo una reforma del código civil bien importante que tuvo relación con la mujer. A partir de ahí, puede participar en un juicio, porque antes si bien podía ser abogado, no podía dar testimonio de situaciones que tuvieran que ver con la familia, porque la patria potestad la tenía el padre".

"Ibáñez se abocó a la tarea de emprender una profunda transformación en la organización del Estado, obra que perduró por muchos años, en algunos casos incluso hasta el presente…se crearon numerosas instituciones públicas con el fin de racionalizar y organizar eficientemente la acción estatal. De este tiempo data la Fuerza Aérea de Chile, el Cuerpo de Carabineros, la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anónimas, la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, la Superintendencia de Salitre y Yodo…la Línea Aérea Nacional (LAN), flamante símbolo de los nuevos tiempos", se explica en Historia del siglo XX chileno. Además, Ibañez tuvo una favorable coyuntura económica pero que se vino abajo con el desplome de la bolsa de Nueva York.

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¿Cómo era Ibáñez? "No era un tipo con el carisma de Perón, era de muy bajo perfil –cuenta Fernández-. Era un militar que no pertenecía a la gran inteligencia de los militares del momento. No era un oficial especialmente destacado. No entró a la Academia de guerra. Cuando asumió el poder era coronel, y luego él mismo se autodenominó general".

Un hombre culpable

Tras recibir la carta de defensa de Ibáñez desde Argentina, y tal como en estos días, la Cámara debió proceder a nombrar una comisión que debía revisar el libelo e informar si esta procedía o no. Por tres votos a uno, la instancia dio el beneplácito y así la acusación pasó a sala. El 7 de septiembre de 1931, la Cámara aprobó la acusación y pasó al Senado, el cual, dado lo indicado en la vigente Constitución de 1925, debía ejercer como jurado y zanjar la culpabilidad o no del acusado.

En el Senado, se debatió entre los días 23 y 26 de octubre. Los senadores la aprobaron por 32 votos a favor y solo uno en contra. Entre los miembros de la cámara alta, estaba el futuro Presidente de la República Juan Antonio Ríos, quien fundamentó su voto favorable de esta manera: "Cuando el señor Ibáñez desempeñó la cartera de Interior y la Vicepresidencia se hicieron nuevas deportaciones y fueron muchos los Senadores y Diputados que se vieron en la necesidad de salir camino del destierro, sin haber sido antes sometidos a ninguna clase de juicio". Este recuento incluye los nombres de los deportados en diferentes momentos y las distintas alternativas del proceso político. Finalmente señaló: "debo terminar manifestando mi deseo de que estas persecuciones terminen, tal como lo he dicho en otras oportunidades. Estamos jugando con fuego, y no es posible que se continúe en el país dividiendo a la familia chilena".

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El senador Manuel Hidalgo, quien participó en la Asamblea constituyente de obreros y asalariados de 1925 (la "Constituyente chica"), también votó a favor, y dijo: "Decir aquí que no es posible acusar a este señor, significa reconocer que se ha olvidado lo que ocurrió ayer en el País. No podrán olvidarlo, señor presidente, los que han seguido de cerca el proceso de la brutal persecución, como no ha habido otra en la historia del país, de que se hizo objeto por el Gobierno de Ibáñez a las clases obreras".

De acuerdo a lo indicado en la vigente Constitución de 1925, de ser aprobada la acusación, el culpable quedaba destituido de su cargo. Como Ibáñez ya había sido apartado del cargo de Presidente de la República, la sanción del Congreso lo afectó en su carácter de militar. "El Caballo", golpeado y dolido por tener que dejar la institución castrense intentó una nueva defensa con un telegrama desde Argentina. "Ruego Honorable Senado oírme y tratar destitución sesión pública. Puedo adelantar General Altamirano, Almirante Neff derrocaron Presidente Alessandri y disolvieron Cámaras legislativas en completa normalidad constitucional desde 33 años, fuéronles respetados su honor y plenos derechos retiro por el mismo Presidente Alessandri restablecido el poder. Caso semejante ocurrió General Enrique Bravo".

Fue inútil. Como un personaje de los cuentos de Chéjov, Ibáñez debió simplemente aceptar su aciago destino. Sin embargo, no se quedaría mirando cómo pasaban las ruedas. Sería nuevamente candidato a la Presidencia dos veces y volvería a La Moneda en 1952.

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