Anticonceptivos defectuosos: presentan primera demanda colectiva contra laboratorios por embarazos no consentidos

El 28 de marzo pasado, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) presentó una acción civil ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago, en contra de dos laboratorios que hicieron el medicamento: Silesia y Andrómaco. Son más de 100 mujeres las afectadas y que podrían optar a indemnizaciones si la entidad gana esta batalla judicial que recién comienza.


Muchas fueron las mujeres que a través de medios de comunicación denunciaron la afectación que les dejó quedar embarazadas contra su voluntad y cómo se les vulneró su autonomía reproductiva. Una de ellas fue Damaris Reyes (24), quien comentó a la Revista Paula que “lo primero que pensé fue: no quiero y no puedo, porque no planeaba tener un hijo ahora. Me costó semanas asumirlo. Cuando me di cuenta de que era un problema más grande, supe que no había sido mi culpa. Me dio rabia, porque es irresponsable que nadie se haga cargo”.

Según las estimaciones del caso, son cerca de 111 mujeres las que tomaron la pastilla anticonceptiva Anulette CD 1, confiadas en que con el fármaco disminuirían las posibilidades de concebir, e igualmente quedaron embarazadas. A raíz de esto, el 28 de marzo pasado, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) presentó una demanda colectiva ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago, en contra de dos laboratorios que hicieron el medicamento: Silesia y Andrómaco. Ambos pertenecen a un conglomerado empresarial multinacional de origen alemán, Grupo Grünenthal.

Se les acusa de la vulneración del derecho a la seguridad en el consumo, provocada por la fabricación y distribución de productos defectuosos. “Los defectos de fabricación consistieron en groseras negligencias incurridas en el envasado de las píldoras (entre ellas, la sustitución de comprimidos activos por placebos), que generaron la interrupción del tratamiento anticonceptivo, tal como el Instituto de Salud Pública lo estableció en la sanción aplicada a los laboratorios”, dice el documento.

De acuerdo al escrito, la mayor parte de ellas recibieron los anticonceptivos defectuosos a través del Sistema de Salud Público, y son jóvenes estudiantes o trabajadoras, de precaria situación económica, sin redes de apoyo suficientes, para quienes estos embarazos forzados acarrean dramáticas consecuencias.

Consecuencias patrimoniales y morales

“Esta demanda no sostiene en caso alguno que el futuro nacimiento de un niño o niña sea un daño indemnizable, pues la vida humana no puede ser considerada un perjuicio. Lo que se exige es la reparación de las consecuencias patrimoniales y morales derivadas de la privación del derecho de toda mujer a autodeterminarse reproductivamente, derecho que la acción negligente de los demandados les arrebató”, se lee en la acción civil que ya fue proveída.

Así, se requiere la indemnización de los daños derivados en los gastos del embarazo y del parto; los gastos de crianza, mantención y educación de los hijos; la pérdida de ingresos a causa del embarazo y del nacimiento, para quienes deban dejar de trabajar; el daño moral por afectación a la integridad síquica y la lesión de la autonomía reproductiva.

Para la determinación del monto de las indemnizaciones, señalan que se ordenarán peritajes, y que luego deben ser calculados por el tribunal. Sin embargo, de acuerdo a estimaciones preliminares de Conadecus, hay un daño total, por cada mujer víctima, que puede avaluarse en cerca de $ 286 millones.

María Jimena Orrego, abogada que patrocina esta demanda colectiva de indemnización, dijo que “estas acciones se han planteado en único beneficio de los cientos de mujeres víctimas de estos productos defectuosos, que han sido vulneradas en su autonomía reproductiva, imponiéndoles un embarazo que no deseaban”.

Por su parte, Mauricio Tapia, abogado y profesor de Derecho, quien también es patrocinante de la demanda, agrega que “las acciones no persiguen en caso alguno reclamar un daño por el hecho del nacimiento de hijos, sino solo las consecuencias materiales y personales que se han derivado para estas mujeres, quienes en su mayoría son jóvenes estudiantes o trabajadoras, sin los recursos suficientes ni redes de apoyo, y se han visto arrastradas a un embarazo que les genera aflicción, trastoca sus proyectos y las compromete a gastos del embarazo y mantención del hijo sin contar con recursos para ello”.

El Instituto de Salud Pública impuso una multa de $ 66 millones a los laboratorios en cuestión por estos casos, pero ahora la Conadecus va por la reparación económica a las víctimas de estas fallas.

Los laboratorios sólo se han referido a este caso a través de comunicados, como el que tiene en su página web Silesia, que sostiene que “estos casos fueron detectados y comunicados gracias al sistema de farmacovigilancia, lo que permitió coordinar de inmediato las acciones con la autoridad e implementar una serie de medidas, entre las cuales se encuentran sistemas adicionales de seguridad en el equipo que permiten detectar anomalías en el envasado de forma preventiva. Asimismo, desarrollamos y adoptamos nuevos procedimientos operativos y de control reforzando toda la cadena productiva”.

Junto con esto destacaron que “los análisis de fabricación muestran que el medicamento, en cuanto a su composición y actividad farmacológica, cumple con las especificaciones exigidas. Por lo tanto, la eficacia anticonceptiva de los comprimidos de Anulette CD en ningún momento se vio comprometida. Nuestro compromiso con las usuarias es diario y permanente, es por ello que actuamos con absoluta transparencia, informando oportunamente e intensificando nuestros controles”.

El grupo Grünenthal ahora deberá contestar la acción judicial, la primera que se presenta de forma colectiva.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.