El Índice de Libertad Económica 2026, elaborado por The Heritage Foundation, entrega una señal positiva para Chile, aunque también plantea desafíos que no deberían ser subestimados. El país se ubicó en el lugar 17 entre 176 economías, mejorando tanto su evaluación como su posición respecto del año anterior. El resultado permite a Chile mantener el liderazgo en América Latina y alcanzar su mejor desempeño desde 2020.

La mejora se explica principalmente por avances en algunos componentes institucionales relevantes. Destaca el indicador de efectividad judicial (90,3 puntos), así como mejoras en gasto del gobierno, salud fiscal y libertad monetaria.

Sin embargo, el resultado también invita a una lectura más cauta. Aún con esta mejora, Chile se mantiene lejos de los niveles de libertad económica que exhibía hace quince años, cuando llegó a ocupar el séptimo lugar a nivel mundial. La distancia con ese desempeño histórico sugiere que el desafío actual no es simplemente mejorar marginalmente, sino recuperar las condiciones institucionales que permitieron al país situarse entre las economías más libres y competitivas del mundo.

Parte del avance reciente, además, responde a factores coyunturales. El mejor desempeño en el indicador de gasto público se explica en buena medida porque salió de la medición el efecto extraordinario que la pandemia tuvo sobre las cuentas fiscales. Ello no necesariamente refleja una consolidación fiscal duradera, especialmente considerando el deterioro que experimentaron las finanzas públicas durante el ciclo de expansión del gasto en años recientes y la debilidad que enfrenta la nueva administración en materia fiscal.

El informe también identifica áreas donde la trayectoria chilena ha sido menos favorable. Se observan retrocesos en derechos de propiedad, libertad de emprendimiento y libertad laboral (56,8 pts.), indicador que refleja un mercado laboral crecientemente rígido. Otro aspecto relevante es la carga tributaria. El informe señala que, en promedio, los países considerados presentan tasas máximas cercanas al 30% para las personas y al 25% para las empresas, con una carga tributaria total en torno al 20% del PIB. En ese contexto comparado, la estructura tributaria chilena continúa siendo relativamente elevada, lo que puede afectar los incentivos a la inversión, particularmente en un escenario global cada vez más competitivo.

La evidencia acumulada por este índice durante más de tres décadas muestra que las economías con mayores niveles de libertad económica tienden a registrar mejores resultados en crecimiento, innovación y bienestar social. En el caso de Chile, esa relación no es meramente teórica: los periodos de mayor dinamismo económico coincidieron con etapas de estabilidad institucional, apertura económica y reglas claras para la inversión.

La nueva administración enfrenta, por lo tanto, una oportunidad relevante. Mantener el liderazgo regional es positivo, pero claramente insuficiente. El desafío consiste en fortalecer la disciplina fiscal, revisar los incentivos tributarios, resguardar los derechos de propiedad y promover un marco regulatorio que favorezca el emprendimiento y la creación de empleo.