Los datos de la última encuesta Casen (2024) recientemente dados a conocer han mostrado que los niveles de pobreza han continuado disminuyendo en el país, lo que ciertamente es una buena noticia. Así, de acuerdo con la medición -que utilizó una metodología con criterios mucho más exigentes- la pobreza por ingresos se ubicó en 17,3%, lo que se compara favorablemente con el 20,5% registrado 2022, homologando con la nueva metodología. De haber utilizado los parámetros con que se medía la pobreza desde 2013, igualmente se habría registrado una baja, desde el 6,5% en 2022, a 4,9% en 2024.

Los cambios metodológicos permiten que los resultados de la Casen reflejen un escenario mucho más acorde a la realidad que vive el país país, de modo que si bien es un importante logro que del orden de 600 mil personas hayan abandonado la pobreza, no se puede olvidar que 3,4 millones de chilenos siguen bajo la línea de la pobreza, de los cuales 1,3 millones se encuentran en situación de pobreza extrema.

La Casen arroja otros datos que son interesantes: la tasa de pobreza es mayor en mujeres que en hombres, afecta más a la población indígena y hay mayor pobreza en el mundo rural que en el urbano. Pero probablemente el antecedente que ha despertado mayor interés producto de sus implicancias es constatar que los subsidios han tenido una incidencia muy relevante en la disminución de la pobreza por ingresos. Todo ello ha abierto un debate acerca de cuán sostenible en el tiempo podría ser la reducción de los niveles de pobreza, considerando que en la medida que exista una mayor dependencia de los subsidios ello podría representar un problema si el país pierde capacidad para generar ingresos fiscales suficientes.

En efecto, los subsidios del Estado jugaron un rol importante en el primer decil para contener la pobreza. De hecho, los ingresos autónomos del primer decil pasaron de representar el 63% de sus ingresos monetarios en 2017 a solo el 31% en 2024, mientras, en la otra cara, los subsidios pasaron del 27% al 69% de esos ingresos.

Una de las ayudas que probablemente ha sido más incidente es la Pensión Garantizada Universal (PGU), permitiendo que porciones muy importantes de población de tercera edad hayan mejorado su situación socioeconómica, lo que se refleja en los mejores índices de pobreza generales.

La superación de la pobreza es una combinación de ayudas del Estado y de los ingresos autónomos generados por las personas, donde el trabajo es la principal fuente, donde no cabe duda de que uno de los grandes desafíos es asegurar que, además de mantener el soporte público, los ingresos del trabajo tengan un peso cada vez mayor, porque es la forma más efectiva para sacar de la pobreza a las familias. Para ello se requiere contar con un mercado laboral mucho más dinámico, donde resulta crítico un mayor crecimiento.

La exitosa disminución de la pobreza en las décadas previas fue en buena medida producto del alto dinamismo de la economía; algunas investigaciones muestran que entre 1990 y el 2000 -década de una expansión promedio del 7%-, el factor crecimiento tuvo una incidencia superior al 90% en la caída de la pobreza. También es un hecho que al tener más de tres millones de personas bajo la línea de la pobreza la buena focalización de los recursos públicos seguirá siendo un imperativo.