En 2026 Chile tendrá 16 días feriados, lo que sigue ubicándolo entre los países con más feriados en el mundo -incluso dentro de la región-, lo que claramente es una anomalía, pues sugiere que se ha perdido el sentido de este tipo de jornadas. Y aunque los feriados suelen asociarse a una serie de beneficios para los trabajadores, lo cierto es que no se están viendo los altos costos que representan para la economía y la necesidad de racionalizar tal cúmulo de días libres.

Uno de los aspectos que ciertamente debería ser corregido es el cierre parcial del comercio en días de elecciones, que la ley establece serán feriados y por tanto no podrán funcionar malls, centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica. Erradamente podía suponerse que por tratarse de jornadas muy puntuales su impacto no es significativo, considerando que en jornadas electorales los demás establecimientos pueden seguir funcionando en la medida que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Un reciente informe de la Cámara de Comercio de Santiago desmiente que se trate de algo inocuo. De acuerdo con cifras del gremio, los perjuicios ocasionados en la primera vuelta electoral de noviembre pasado alcanzaron los US$ 61 millones -una caída del 38% nominal en relación con el domingo equivalente de 2024-, mientras que en el caso de la segunda vuelta las mermas fueron de US$ 84 millones. Si el análisis se amplía a los 15 procesos de elección popular desde 2020 -es decir, desde el primer plebiscito constitucional hasta la segunda vuelta presidencial del año pasado-, la Cámara de Comercio contabilizó que las menores ventas para el comercio minorista llegaron a US$ 892 millones.

No tiene ningún sentido seguir manteniendo las restricciones para un determinado sector del comercio en jornadas electorales, asimilándolas a un feriado. Desde luego, la ley ya contempla facilidades para que los trabajadores que deban laborar en días de elecciones puedan hacerlo, de modo que dicha prohibición en los hechos no tiene ningún impacto favorable en participación electoral, pero en cambio sí representa graves costos para la economía, no solo por las menores ventas del comercio establecido, sino además porque parte de ese consumo se traslada al comercio informal, que deja de pagar IVA, además de afectar a trabajadores que sí están dispuestos a trabajar para generar ingresos extra.

Pero a la par de terminar con esta injustificada restricción para el comercio, es fundamental que el país tome conciencia de que los días feriados representan altos costos para la economía, algo que particularmente en el escenario en que hoy nos encontramos -con bajo crecimiento, suma estrechez fiscal y un desempleo en 8%- debería ser especialmente tomado en consideración. Se ha estimado que cada día no hábil le cuesta al país del orden de 0,4% del Imacec; pese a ello, no solo ya estamos entre las naciones con más días libres, sino que además en el Congreso se siguen acumulando proyectos que buscan crear nuevos feriados regionales o añadir más feriados nacionales irrenunciables, como se pretende con el Viernes Santo. Es necesario que el debate parlamentario considere la realidad que vive el país y se ponga coto a prácticas populistas, que únicamente ponen acento en los supuestos beneficios, pasando por alto los costos que ello conlleva.