El gobierno se ha allanado a introducir modificaciones a su agenda de seguridad, particularmente en lo referido a la reforma constitucional que busca crear un nuevo estado de excepción por motivo de seguridad pública. La propuesta del Ejecutivo establece que el Presidente de la República podrá invocarlo hasta por 120 días, prorrogables por igual plazo a voluntad del mandatario; solo en caso de una nueva prórroga recién ahí se requerirá el acuerdo del Congreso. Mientras dure este estado de excepción, el jefe de Estado contará con las facultades para suspender o restringir una serie de garantías, entre ellas interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones.

El nuevo estado de excepción, pero particularmente las desmedidas facultades con que se pretende dotar al jefe de Estado, han encontrado un generalizado rechazo en amplios sectores de la sociedad, pero llamó la atención que hayan sido particularmente sectores del propio oficialismo los que levantaron la voz haciendo ver sus duras objeciones, ya sea por la inconveniencia de empezar a introducir cambios en la Constitución, o por cuestionamientos aún más de fondo, al ponerse en riesgo una serie de garantías individuales protegidas por la Carta Fundamental, no faltando quienes incluso hablaron de una amenaza a la democracia. Tal ha sido el nivel de los cuestionamientos que el gobierno tuvo que aceptar que ya no están los votos para aprobar la reforma en estos términos, por lo que el propio ministro de Seguridad comprometió ajustes para atenuar el estado de excepción propuesto, por de pronto abriéndose a revisar el plazo de 240 días, así como la interceptación de las comunicaciones.

Es valioso que en la sociedad hayan surgido una multiplicidad de voces alertando sobre los riesgos que implica una propuesta de este tipo, pero a la par cabe también valorar que el propio oficialismo haya puesto con toda claridad los límites, privilegiando el interés superior de la democracia antes que lógicas puramente partidistas, que habría sido el camino fácil. Tampoco se ha buscado denostar interesadamente al gobierno o sacar dividendos de corto plazo, sino que el ánimo ha sido en general propositivo. Se ha hecho, además, con argumentos de peso, apelando a principios básicos que, en el contexto del actual debate político -caracterizado por las declaraciones altisonantes, las descalificaciones y los eslóganes-, han resultado especialmente enriquecedores.

El gobierno debe extraer las lecciones a partir de las críticas que ha recibido su propuesta, donde uno de los aspectos que más cabe resaltar es que, aun cuando la sociedad demanda más “mano dura” en contra de la delincuencia y el crimen organizado, no todo vale en materia de seguridad. Y aunque lo ideal habría sido que desde un inicio se hubiese dialogado más esta reforma, evitando aquellos elementos que constituyen un exceso, es positivo que el Ejecutivo se esté abriendo a escuchar y recoger distintas opiniones, lo que abre una oportunidad para aspirar a una agenda en seguridad más compartida. Tal disposición favorece un clima para corregir una serie de aspectos, lo que por ahora desaconseja la idea que han planteado algunos, sobre la necesidad de desechar la actual propuesta y presentar una nueva.