La Contraloría General de la República ha dado a conocer recientemente un informe en el cual detectó graves irregularidades en el marco del control de tránsito y fiscalización vehicular llevado a cabo por Carabineros. En concreto, la indagatoria recayó sobre la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de la policía uniformada en la Región Metropolitana, abarcando desde 2023 hasta junio de 2024. En mérito de los antecedentes recabados, el ente contralor resolvió iniciar un sumario y derivar los antecedentes al Ministerio Público.

Son varios los hallazgos detectados, pero entre los principales figuran que 626 vehículos que mantenían encargo por robo no fueron recuperados, pese a haber sido fiscalizados por la policía. Asimismo, la auditoría detectó que 144 personas que mantenían órdenes de detención pendientes por diversas causas -entre ellas delitos de abuso sexual, tráfico ilícito de drogas o microtráfico, porte ilegal de armas de fuego e infracciones a la ley de tránsito- no fueron detenidas, a pesar de haber sido fiscalizadas en el marco de un control de tránsito. También se pudo constatar que pese a que Carabineros emitió 869 boletas de citación por infracciones que derivaban en el retiro de circulación de vehículos -por ejemplo, por circular sin placa patente o con esta adulterada-, esto no se llevó a cabo. No solo eso: en más de 145 mil procedimientos de control de tránsito tampoco se consultaron las patentes en el Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos.

Como reacción frente a este informe, Carabineros señaló que acogía estas observaciones con “espíritu autocrítico”, y que cada una de ellas dará pie a las respectivas medidas correctivas, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el perfeccionamiento permanente de sus procesos.

Los casos que se han detectado en esta fiscalización no solo dejan a la vista una serie de fallas en los protocolos de control vehicular por parte de Carabineros, sino que además abren la compleja interrogante de por qué en el caso de personas prófugas -algunas por delitos graves- no fueron detenidas, permitiendo que evadan la acción de la justicia. En sus descargos ante la Contraloría, la institución policial argumenta, entre otras consideraciones, que el aparcadero municipal de la comuna de Melipilla está saturado, dificultando el retiro de circulación de automóviles. Es una explicación débil, y desde luego tampoco se han entregado razones de peso para justificar el resto de las irregularidades.

Es evidente que con esta forma de proceder la institución mancha su prestigio y pone en riesgo uno de sus activos más significativos, que es haber recuperado su sitial entre las instituciones más valoradas por la ciudadanía. De allí que resulta fundamental que estas situaciones se aclaren a la brevedad, con total transparencia y se adopten las medidas correctivas del caso.

Justamente los controles vehiculares son una eficiente vía para detectar a personas que evaden la acción de la justicia; también permiten reforzar la conciencia sobre el respeto a las leyes del tránsito, y desde luego aseguran que estas tengan la debida eficacia. Cuando falla este eslabón no solo se está debilitando el estado de derecho, sino que además se facilita el quehacer de la delincuencia.