Fue el propio Presidente de la República quien en su última cuenta pública resaltó la importancia de avanzar en el proyecto para hacer frente a la llamada permisología. “Los proyectos de inversión no se van a desarrollar si no logramos modernizar y agilizar la tramitación de permisos (…) Ningún gobierno se había hecho cargo de construir una solución a este problema”, resaltando que confiaba en que la reforma sobre permisos sectoriales se aprobaría prontamente. Ello efectivamente ocurrió a comienzos de este mes, cuando el Congreso despachó el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales. Sin embargo, contra todo pronóstico la asombrosa cantidad de 42 diputados -la gran mayoría de ellos perteneciente a partidos del oficialismo- decidieron recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar cinco preceptos de dicho proyecto, por estimar que vulneran distintos artículos de la Carta Fundamental.

El solo hecho que se haya producido esta asonada sobre lo que se supone era el “proyecto estrella” del gobierno para impulsar las inversiones -junto con el de evaluación ambiental 2.0, que avanza muy lentamente en el Congreso- constituye una preocupante señal en cuanto a cómo las lógicas electoralistas no solo están permeando el proceso legislativo -incluso a costa de torpedear al propio gobierno-, sino que de manera irresponsable se privilegian visiones cortoplacistas en desmedro de los intereses del país, considerando que la reactivación del crecimiento resulta un objetivo central, para lo cual es clave remover las barreras burocráticas que retrasan la inversión.

El ministro del Interior, junto con defender las bondades del proyecto y reafirmar su confianza en que cumple con la Constitución, ha buscado bajarle el perfil a esta acción de los diputados oficialistas, planteando que de todos modos debía ser enviado al TC para cumplir con el trámite preventivo, y que es facultad de los parlamentarios hacer uso de estas instancias de control. Es una visión demasiado complaciente, que no se hace cargo de la muy compleja señal política que se está enviando cuando tan masivamente sus propias fuerzas están desautorizando al gobierno -con lo cual eventualmente se retrasará la entrada en vigencia de una norma que se supone sería uno de los pocos legados que dejaría esta administración- y a su vez se da una señal muy contradictoria en cuanto a la voluntad de la actual coalición gobernante por promover activamente el crecimiento.

Cabe no perder de vista que los proyectos sobre permisología y el de evaluación ambiental 2.0 -que fueron ingresados en enero de 2024- están en el marco del Pacto Fiscal que el gobierno presentó al país, insertándose además en la lógica del gabinete Pro Crecimiento y Empleo que el Mandatario lanzó con amplia promoción.

El Ministerio de Economía ha recalcado las ventajas de la nueva norma sobre permisos ambientales, pues en el caso de las grandes iniciativas de infraestructura o energía los tiempos de tramitación podrían reducirse en 30%, mientras que para proyectos de baja complejidad la disminución podría alcanzar al 70%. Se modernizan y estandarizan los procesos de más de 380 autorizaciones sectoriales, eliminando duplicidades y estableciendo plazos máximos para los distintos organismos involucrados en la otorgación de permisos, entre otros avances.

El costo que la permisología ha traído para la economía ha sido sin duda considerable. Un reciente estudio del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS estima que los retrasos en la tramitación medioambiental de los proyectos de inversión le costaron al país más de US$ 2.200 millones en 2024, constatando además que el 65% de los proyectos experimentaron retrasos más allá de los plazos legales. A su vez, un estudio publicado por el CEP en abril pasado (“El costo económico de la permisología”), concluyó que el costo estimado de la burocracia alcanza al 7,3% del PIB, derivado tanto de la subinversión como de la mala asignación de capital. De eliminarse estas trabas, el CEP proyecta que la tasa de crecimiento se podría incrementar en hasta 0,7% anual durante la próxima década.

Pese a la contundencia de las cifras, un sector de la izquierda ha preferido restarse de estos esfuerzos. Sin perjuicio de que impugnar una normativa ante el TC está dentro de las facultades institucionales del Congreso, el hecho de que tal cantidad de legisladores oficialistas lo hayan hecho con este proyecto -sin que tamaña resistencia se hubiera traslucido durante la tramitación del proyecto, donde solo algunas voces levantaron con claridad sus críticas-, sugiere que detrás de ello previsiblemente subyace una motivación electoralista ante la inminencia de las elecciones generales, ya sea apelando a su base de votantes más comprometidos, evitar entrar en conflicto con ONG ambientalistas o bien para tomar distancia del gobierno. Esto no solo está trasluciendo que el gobierno en la práctica ya no tiene capacidad para mantener unida a su propia coalición -lo que lleva a preguntarse cómo será el devenir de esta administración en los meses que aún le restan, cuando todavía hay otra serie de reformas pendientes-, sino que además pone en entredicho las convicciones que distintos sectores oficialistas han manifestado en favor del crecimiento, que a estas alturas parecen más bien una impostura.