El proyecto de ley presentado bajo el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera destinado a modificar el sistema registral y notarial está próximo a convertirse en ley, luego de que las diferencias que surgieron entre la Cámara de Diputados y el Senado fuerzan zanjadas en una comisión mixta. La Cámara ya dio su aprobación, y solo resta que lo hagan los senadores.

Los intentos para modificar este sistema, de modo de brindar más transparencia en sus designaciones, modernizar el servicio y asegurar precios más competitivos llevan décadas tratando de implementarse, y han sido distintas voces las que en reiteradas ocasiones han denunciado un “lobby feroz” para torpedear una reforma estructural. En tal sentido, el paso que el Ejecutivo y el Congreso están próximos a dar supone un paso valorable, pero ciertamente dista de ser la reforma que se habría esperado, porque en una serie de aspectos clave el proyecto solo representa avances parciales.

Abundan las razones para avanzar en una reforma estructural. Desde luego, el actual sistema de designaciones es poco transparente en cuanto a los criterios de elegibilidad de los postulantes, y resulta muy permeable a intereses políticos o de parentesco. Sobre este aspecto, un informe de América Transparente (2022) reveló que un 51% de los notarios, conservadores y archiveros tienen algún tipo de lazo familiar con un funcionario o ex funcionario del Estado.

Hay zonas del país que siguen sin acceso expedito a notarías, y las rentas que notarios y conservadores generan se han estimado en muchos casos como excesivas, gracias a las barreras de entradas que aseguran rentas monopólicas. Un informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre las notarías (2018), concluía que, de abordarse una serie de barreras que dificultan un mercado más competitivo, a nivel agregado se podría ahorrar entre US$ 138 y US$ 149 millones al año.

En ese orden de cosas, es un avance que el proyecto establezca una serie de limitaciones entre quienes tengan parentescos con altas autoridades del país, como también que las propuestas de candidatos seleccionados para postular al cargo de notario, conservador y archivero queden a cargo del Servicio Civil, sobre la base de una serie de criterios objetivos, pero no hay buenas razones que justifiquen que sea el Presidente de la República quien escoja al nominado entre las tres primeras mayorías del listado. En designaciones que se supone deberían ser completamente técnicas, al mantener al Ejecutivo como parte del proceso seguirá presente un factor de posible discrecionalidad política, si bien más atenuado.

Era la oportunidad para haber apostado fuertemente por fórmulas que introdujeran mayor competencia, como una forma de abaratar los costos de estos trámites. El proyecto original establecía la figura de los fedatarios, de modo que distintas personas que reunieran requisitos establecidos por la ley pudiesen actuar como ministros de fe. El Congreso finalmente eliminó esta figura -que además habría permitido importantes avances en coberturas-, sin buenas justificaciones para ello. En cambio, el diseño final contempla que el Ministerio de Justicia fijará los aranceles máximos, considerando para ello una serie de parámetros. Es dudoso que esta fórmula -que exigirá una fiscalización efectiva- reemplace las ventajas de sistemas que favorezcan la competencia.