La Corte Suprema ha dado a conocer las conclusiones de la investigación que encomendó al Fiscal Judicial para que indagara sobre eventuales viajes al exterior de funcionarios del Poder Judicial mientras hacían uso de licencias médicas. La investigación abarcó un período de cinco años, y los resultados ciertamente son muy preocupantes. El informe indica que, valiéndose del apoyo de la PDI y de la contraloría interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se detectó un total de 1.029 casos de salidas asociados a 692 funcionarios, de los cuales 571 se encuentran activos. Si bien dentro de estos no se detectó a ningún ministro de la Corte Suprema o fiscal de dicha corte, en cambio se detectaron cuatro casos que involucran a ministros de Cortes de Apelaciones, un fiscal de dicha corte y 84 jueces de diversas competencias.

El máximo tribunal instruyó remitir las nóminas a las cortes de apelaciones para iniciar los procedimientos disciplinarios respectivos -tanto de funcionarios activos como de aquellos que hayan cesado en sus funciones-, y aunque hace presente que entre los casos informados podría existir superposición de licencia médica y feriado, ciertamente sería de la máxima gravedad que estas irregularidades terminaran confirmándose.

La indagación se llevó a cabo luego de que la Contraloría General de la República diera a conocer en mayo los resultados de una fiscalización en la que detectó que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al exterior pese a estar con licencia médica, revelación que ciertamente generó enorme revuelo. Dado que el Poder Judicial no está dentro de la órbita de entidades fiscalizadas por Contraloría, decidió llevar a cabo una investigación por su propia iniciativa, abarcando un período más extenso que el contemplado por el ente contralor, lo que cabe valorar por tratarse de un importante acto de transparencia.

Ciertamente la Contraloría ha establecido un nuevo estándar de fiscalización en el aparato público, y así como uno de los aspectos más preocupantes que reveló su informe es la laxitud en los controles internos de diversas reparticiones públicas, similar reproche se podría formular al Poder Judicial, dado el alto número de casos que por lo visto no fueron oportunamente advertidos.

Pero ciertamente lo más alarmante es el hecho de que aparezca comprometido un alto número de jueces de la República, quienes difícilmente podrían alegar a su favor ignorancia de las normas, y es un hecho que si ya resulta grave que un funcionario público aparezca incurriendo en prácticas irregulares o corruptas, todavía es más delicado que quienes están llamados a la delicada tarea de impartir justicia y aplicar las leyes al resto de la sociedad aparezcan vulnerando el estado de derecho en su propio beneficio y consientan prácticas corruptas.

El Poder Judicial ya atraviesa por una delicada crisis de confianza -la encuesta CEP de marzo-abril de este año mostró que la confianza en los tribunales de justicia apenas alcanza el 14%-, y es un hecho que casos como estos solo agravan la percepción de la ciudadanía y alimentan los sentimientos de anomia en sectores de la sociedad. Es fundamental por lo mismo que cuanto antes se despejen pormenorizadamente todas las responsabilidades y se adopten drásticas sanciones.