El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) emitió esta semana una opinión sobre los aspectos fiscales del proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico, que recientemente presentó el gobierno. La primera lectura debería ser evidente, aunque algunos han preferido omitirla: pese a las varias prevenciones que formuló, el CFA no rechazó el proyecto. Por el contrario, valoró que la iniciativa instale el crecimiento económico y la eficiencia del gasto en el centro de la discusión, precisamente porque ambos son pilares indispensables para fortalecer la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.

Las advertencias del CFA, sin embargo, son plenamente atendibles. Así, Chile no enfrenta este debate desde una posición de holgura, sino a partir de una situación fiscal estrecha: déficit estructural de 3,6% del PIB en 2025, déficits proyectados para los próximos años, una deuda bruta de 41,5% del PIB y fondos soberanos insuficientes para enfrentar una nueva crisis.

El diagnóstico reciente del FMI haría aún más exigente el punto de partida para la nueva administración. El déficit efectivo de 2026 ya no sería del 1,5% del PIB, como se estimó en la tramitación presupuestaria, sino de 3% del PIB, antes de considerar el ajuste de gasto de 0,5% del PIB que está impulsando esta administración. Es decir, el déficit fiscal sería aproximadamente US$ 6 mil millones mayor que el previsto hace pocos meses por la administración saliente. Esto probablemente obligará a sincerar la discusión, pues de momento se ve muy difícil que al mismo tiempo se pueda financiar íntegramente el proyecto de ley, corregir las desviaciones fiscales heredadas y alcanzar un balance estructural cero en 2030. La responsabilidad fiscal requiere metas exigentes pero creíbles, con una agenda de crecimiento compatible con esa aspiración.

En ese contexto, el CFA recuerda que los costos fiscales de algunas medidas del proyecto de ley son más inmediatos y ciertos que los beneficios asociados al mayor crecimiento, que desde luego son graduales y dependen de que efectivamente se materialicen. Es decir, el organismo no hace más que recordar que el crecimiento por sí solo es una variable incierta, pero de ello no fluye que la iniciativa en sí sea desaconsejable. Las observaciones del CFA finalmente lo que buscan es mejorar el diseño del proyecto, y si existen riesgos fiscales, deben mitigarse mediante condicionalidad y un monitoreo efectivo. En ese orden de cosas, es claro que el gobierno debe evaluar fórmulas alternativas ante la eventualidad de que las proyecciones de mayor crecimiento no ocurran dentro de los plazos previstos, de tal manera que sea posible ir corrigiendo el rumbo o intensidad de las reformas. De allí lo valioso que resulta el hecho de que tempranamente un organismo técnico e independiente haya levantado la alerta sobre lo incierto del crecimiento, precisamente porque permite diseñar estrategias con antelación.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) ha respondido a cada una de las nueve observaciones realizadas por el CFA, remarcando la importancia de realizar un análisis de “equilibrio general”, es decir, no solo se debe mirar el impacto fiscal del informe financiero, sino también el conjunto de medidas administrativas, como los ajustes de gasto y otras materias legales que se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Hacienda. Bajo ese marco analítico, la Dipres sostiene que no existiría descalce entre los beneficios y los gastos asociados al proyecto de ley. Por otra parte, acogió la recomendación del CFA de realizar un monitoreo continuo de las principales medidas del proyecto.

Siendo válido que las distintas fuerzas políticas utilicen los insumos que ha entregado el CFA, resulta poco convincente que algunos sectores de la oposición recurran al informe del CFA como argumento para rechazar de plano la iniciativa. Esto no solo porque el CFA no desaconseja el proyecto de ley, sino sobre todo porque varios de estos dirigentes, siendo autoridades del gobierno anterior o entonces parlamentarios oficialistas, desatendieron reiteradas advertencias del CFA sobre las estimaciones optimistas de ingresos y el cumplimiento de las metas. El resultado fue una sucesión de desvíos que terminó debilitando la posición fiscal y dejó una pesada carga para la administración actual. Desde luego sería un avance si este giro responde a que se han internalizado las lecciones y ahora sí se considera importante prestar atención a las recomendaciones de un organismo técnico, pero por lo mismo la ciudadanía tiene derecho a conocer las razones de por qué antes se ignoró al CFA y ahora sí se le valida.

También conviene aprender de la experiencia reciente. La reforma tributaria de 2014 prometió más recaudación, más inversión social e igualdad. El resultado fue bastante menos virtuoso: menor inversión, menor dinamismo del empleo y una recaudación que no superó la mitad de lo esperado. Que hoy exista cierta autocrítica por parte de algunos de sus autores sobre esa reforma es positivo, aunque sea tardía. Pero ese reconocimiento no resulta consistente con insistir en que la principal compensación para una agenda de crecimiento sea nuevamente subir impuestos, pese al riesgo de afectar la inversión y empleo.

Chile no puede resignarse a crecer al 2% anual. Esa trayectoria no solo empobrece el debate económico; también deteriora la sostenibilidad fiscal. Un menor crecimiento implica menos empleo formal, salarios más bajos, menor recaudación estructural y mayor presión sobre la deuda pública. Por eso, reducir los tiempos de aprobación de proyectos, dar mayor certeza a la inversión y mantener una tasa corporativa competitiva no son caprichos ideológicos: son condiciones necesarias para recuperar la capacidad de crecimiento.

El mayor riesgo fiscal para el país es resignarse a crecer a tasas demasiado bajas. Por eso la conclusión correcta del informe del CFA no es buscar excusas para no avanzar con el proyecto de ley o generar alarma; es más bien sobre cómo hacerlo cuidando la sostenibilidad fiscal.