El reciente narcofuneral que tuvo lugar en Santiago -a raíz del asesinato de un individuo en la comuna de Quilicura, con amplios nexos con el mundo narco-, y que fue calificado por el Ministerio de Seguridad como de “extremo riesgo”, obligó a desplegar inusitadas medidas para asegurar el orden público. Desde luego implicó el despliegue de cientos de funcionarios policiales, y ante el temor de ajustes de cuentas o la posibilidad de vandalismo, a lo menos tres colegios optaron por suspender las clases, afectando con ello a miles de estudiantes; algunos centros de salud y establecimientos comerciales aledaños también optaron por cerrar sus puertas. La interrupción de la autopista Vespucio Norte generó tacos kilométricos, y algunas comunidades tuvieron que activar “protocolos” para resguardar a sus vecinos.

Si bien las medidas de seguridad funcionaron y no se registraron los desmanes que se han visto en otros narcofunerales -donde abundan los disparos al aire, lanzamiento de fuegos artificiales y vandalismo-, las escenas reflejan en toda su magnitud hasta dónde el poder del narcotráfico ha logrado enquistarse, pudiendo constituirse en una amenaza que ha llegado al punto de que un simple funeral es capaz de paralizar a una parte de la ciudad, trastornar la vida de miles de personas y tener que llegar al punto de que un cortejo sea escoltado por decenas de Carabineros.

La postal que dejó este narcofuneral inevitablemente lleva a preguntarse si acaso hemos llegado a un punto de descontrol, donde el Estado se ve abiertamente superado por grupos que no ocultan que viven bajo sus propias reglas, y se lo hacen saber al resto de la población. Sería desproporcionado aseverar que la situación que vive Chile se asemeja a la que experimentan otros países de la región, donde el poder del crimen organizado se ha tornado en una suerte de Estado paralelo, con altísimos índices de corrupción y tasas de asesinatos que se encuentran entre las más altas del mundo. Pero las escenas que vimos el miércoles pasado nos recuerdan el enorme poder que han adquirido estos grupos, dejando la impresión de que lamentablemente nos vamos acercando al tipo de país que no nos gustaría ser. Por ello minimizar la gravedad de lo que sucedió esta semana resultaría irresponsable, al recordarnos los extremos niveles de temor con que deben cargar a diario miles de compatriotas, que viven o transitan en zonas dominadas por narcos.

Es un hecho que el mapa delictual en Chile ha venido experimentando cambios profundos en las últimas décadas. Si bien el mundo del hampa siempre ha estado presente, sus antiguos “códigos” -donde no era habitual asesinar ni aplicar extrema violencia a sus víctimas- han sido reemplazados por organizaciones cuyo negocio principal es la droga -de lo que se derivan una serie de delitos conexos, como el sicariato, el secuestro o la extorsión-, y que en su afán de control territorial imponen sus reglas a sangre y fuego, lo que se ha visto reflejado en el peligroso incremento en el número de homicidios. Su presencia no solo ha implicado que muchos vivan bajo un constante temor, sino que también han conseguido trastocar profundamente la escala de valores, al punto que ya se habla de una “narcocultura”, convirtiéndose para muchos en un modo de vida.

Las escenas que vimos el miércoles pasado han dejado una sensación de mucha vulnerabilidad frente a la amenaza que representa el narcotráfico, lo que claramente constituye un llamado de atención a todo el mundo político, porque finalmente no resulta aceptable que el país viva bajo el miedo permanente y sus habitantes sientan que su seguridad personal está bajo amenaza cada vez que estos grupos deciden ostentar su poder. No puede naturalizarse que constantemente deban interrumpirse clases, que el comercio deje de funcionar o que muchos no puedan desplazarse a sus lugares de trabajo o de estudios, simplemente porque ante el riesgo de un “ajuste de cuentas” el transporte dejará de funcionar o no es seguro salir de las casas. Todo esto va creando un círculo vicioso que agrava aún más el problema.

La acción impune y creciente de estos grupos ha llevado a que alcaldes y autoridades de todos los colores políticos estén solicitando la presencia militar para ir en apoyo de las policías. Esto no es un mero capricho: estudios del CEP muestran que sobre el 80% de la población apoya una medida como esta; si bien distintas experiencias internacionales muestran que una estrategia de este tipo puede acarrear problemas aún mayores, esto solo ilustra el estado de la situación en que nos encontramos y la urgencia de que el Estado haga un urgente replanteamiento de cómo ha venido enfrentando este flagelo, donde claramente los esfuerzos aparecen insuficientes y es su obligación asegurar que no lleguemos a un punto de descontrol.

En ese orden de cosas, es inexplicable que habiéndose dictado en noviembre pasado una ley destinada a establecer estrictos requisitos en el caso de funerales relacionados con narcos, todavía no esté vigente producto de que el reglamento no está listo. Sin perjuicio de que se contempló un plazo de seis meses para su elaboración, los recientes hechos demuestran lo necesario de haber contado con esta ley y el escaso sentido de urgencia que ha existido.El reciente narcofuneral que tuvo lugar en Santiago -a raíz del asesinato de un individuo en la comuna de Quilicura, con amplios nexos con el mundo narco-, y que fue calificado por el Ministerio de Seguridad como de “extremo riesgo”, obligó a implementar inusitadas medidas para asegurar el orden público. Desde luego implicó el despliegue de un numeroso contingente policial, y ante el temor de ajustes de cuentas o la posibilidad de vandalismo, a lo menos tres colegios optaron por suspender las clases, afectando con ello a miles de estudiantes; algunos centros de salud y establecimientos comerciales aledaños también optaron por cerrar sus puertas. La interrupción de la autopista Vespucio Norte generó tacos kilométricos, y algunas comunidades tuvieron que activar “protocolos” para resguardar a sus vecinos.

Si bien las medidas de seguridad funcionaron y no se registraron los desmanes que se han visto en otros narcofunerales -donde abundan los disparos al aire, lanzamiento de fuegos artificiales y vandalismo-, las escenas reflejan en toda su magnitud hasta dónde el poder del narcotráfico ha logrado enquistarse, pudiendo constituirse en una amenaza que ha llegado al punto de que un simple funeral es capaz de paralizar a una parte de la ciudad, trastornar la vida de miles de personas y tener que llegar al punto de que un cortejo sea escoltado por decenas de Carabineros.

La postal que dejó este narcofuneral inevitablemente lleva a preguntarse si acaso hemos llegado a un punto de descontrol, donde el Estado se ve abiertamente superado por grupos que no ocultan que viven bajo sus propias reglas, y se lo hacen saber al resto de la población. Sería desproporcionado aseverar que la situación que vive Chile se asemeja a la que experimentan otros países de la región, donde el poder del crimen organizado se ha tornado en una suerte de Estado paralelo, con altísimos índices de corrupción y tasas de asesinatos que se encuentran entre las más altas del mundo. Pero las escenas que vimos el miércoles pasado nos recuerdan el enorme poder que han adquirido estos grupos, dejando la impresión de que lamentablemente nos vamos acercando al tipo de país que no nos gustaría ser. Por ello minimizar la gravedad de lo que sucedió esta semana resultaría irresponsable, al recordarnos los extremos niveles de temor con que deben cargar a diario miles de compatriotas, que viven o transitan en zonas dominadas por narcos.

Es un hecho que el mapa delictual en Chile ha venido experimentando cambios profundos en las últimas décadas. Si bien el mundo del hampa siempre ha estado presente, sus antiguos “códigos” -donde no era habitual asesinar ni aplicar extrema violencia a sus víctimas- han sido reemplazados por organizaciones cuyo negocio principal es la droga -de lo que se derivan una serie de delitos conexos, como el sicariato, el secuestro o la extorsión-, y que en su afán de control territorial imponen sus reglas a sangre y fuego, lo que se ha visto reflejado en el peligroso incremento en el número de homicidios. Su presencia no solo ha implicado que muchos vivan bajo un constante temor, sino que también han conseguido trastocar profundamente la escala de valores, al punto que ya se habla de una “narcocultura”, convirtiéndose para muchos en un modo de vida.

Las escenas que vimos el miércoles pasado han dejado una sensación de mucha vulnerabilidad frente a la amenaza que representa el narcotráfico, lo que claramente constituye un llamado de atención a todo el mundo político, porque finalmente no resulta aceptable que el país viva bajo el miedo permanente y sus habitantes sientan que su seguridad personal está bajo amenaza cada vez que estos grupos deciden ostentar su poder. No puede naturalizarse que constantemente deban interrumpirse clases, que el comercio deje de funcionar o que muchos no puedan desplazarse a sus lugares de trabajo o de estudios, simplemente porque ante el riesgo de un “ajuste de cuentas” el transporte dejará de funcionar o no es seguro salir de las casas. Todo esto va creando un círculo vicioso que agrava aún más el problema.

La acción impune y creciente de estos grupos ha llevado a que alcaldes y autoridades de todos los colores políticos estén solicitando la presencia militar para ir en apoyo de las policías. Esto no es un mero capricho: estudios del CEP muestran que sobre el 80% de la población apoya una medida como esta; si bien distintas experiencias internacionales muestran que una estrategia de este tipo puede acarrear problemas aún mayores, esto solo ilustra el estado de la situación en que nos encontramos y la urgencia de que el Estado haga un urgente replanteamiento de cómo ha venido enfrentando este flagelo, donde claramente los esfuerzos aparecen insuficientes y es su obligación asegurar que no lleguemos a un punto de descontrol.

En ese orden de cosas, es lamentable que habiéndose promulgado en noviembre pasado una ley destinada a establecer estrictos requisitos para los funerales de alto riesgo, esta todavía no esté vigente, producto del tiempo que llevó la tramitación del reglamento respectivo. Los recientes hechos demuestran lo necesario de haber contado con esta ley y lo imperioso que resulta actuar con mayor sentido de urgencia.