Los devastadores incendios forestales que han afectado principalmente a las regiones de Biobío y Ñuble -que hasta el momento han dejado un saldo de 19 fallecidos que podría aumentar, y varios cientos de viviendas dañadas o destruidas- constituyen un trágico recordatorio de la grave amenaza que este tipo de siniestros representa para la población, la infraestructura y las actividades productivas.

Aun cuando hasta la fecha el número de incendios ha disminuido 7% respecto de la temporada anterior, ello no obsta que producto del cambio climático -con un evidente alza de las temperaturas- y urbanizaciones cada vez más colindantes con plantaciones forestales o con zonas boscosas, basta con un par de siniestros para que se pueda producir una catástrofe, como la que hoy vemos. De allí que resulta fundamental analizar si a la luz de lo que hemos visto en los últimos días el país cuenta con las suficientes capacidades para enfrentar estas amenazas y si se han extraído las lecciones de tragedias anteriores.

Desde que el país experimentó el megaincendio de 2017 -que dejó más de 500 mil hectáreas arrasadas por el fuego- Chile ha venido reforzando sus capacidades en materia de aeronaves, brigadistas y sistemas para planificar el combate de incendios. Sin embargo, el durísimo golpe que representaron los incendios que azotaron Viña del Mar y otras localidades de la Región de Valparaíso hace casi dos años -con un saldo de 137 fallecidos y 4.300 viviendas destruidas- supuso un grave retroceso, no solo porque dejó a la vista una serie de fallas y descoordinaciones por parte de los organismos a cargo de planificar su combate, sino porque además el proceso de reconstrucción a cargo del gobierno ha sido notoriamente insuficiente.

El hecho de que en los incendios que se desataron el fin de semana se haya producido tal cantidad de víctimas fatales -la mayoría de ellas concentradas en localidades de la comuna de Penco- abre nuevamente la interrogante de si este trágico saldo se pudo haber evitado o atenuado con una mejor planificación o con mejores sistemas de alerta. Hay abundantes testimonios de personas que narran la falta de orientación para evacuar -similar a lo que ocurrió en 2024-, pero a su vez hubo constantes alertas de evacuación en los teléfonos celulares, las que probablemente evitaron que la cantidad de víctimas fuese aún mayor. Es indispensable despejar con total exhaustividad las circunstancias en que estas personas fallecieron y por qué no lograron evacuar a tiempo.

Sigue latente la interrogante de si detrás de estos incendios hubo intencionalidad. En los siniestros de 2024 la Fiscalía estableció que los responsables fueron un grupo de funcionarios y brigadistas; de momento el Ministerio Público ha señalado que en algunas localidades la causa probable sería “negligencias eléctricas”, pero algunas autoridades como el gobernador del Biobío aseguran que hubo intencionalidad, atendidos los focos simultáneos en distintas zonas. Esclarecer este asunto y dar con los posibles responsables resulta crítico.

Destacable es que esta tragedia no se haya prestado para rencillas políticas. La declaración conjunta entre el Presidente de la República y el Presidente electo, así como la reunión de trabajo que sostuvieron para analizar los incendios, es sin duda una positiva señal, que va de acuerdo con lo que el país requiere en este momento.