La serie de informes de la Contraloría General de la República sobre fiscalizaciones a los trabajadores que recibieron subsidios por incapacidad laboral asociados a licencias médicas -proceso que comenzó en mayo de 2025-, tuvo efectos relevantes en el comportamiento. El número de licencias médicas mensuales bajó casi inmediatamente luego de la primera fiscalización, y desde ahí se ha mantenido más bajo, reduciendo en un millón la cantidad de licencias en 2025 respecto de 2024, lo que, según estimaciones de la Suseso, podría haber ahorrado cerca de $500 mil millones en este ítem.

Si bien es necesario cuantificar con datos reales este efecto, lo cierto es que la abrupta caída en la cantidad de licencias indica que hay un grupo de personas y profesionales de la salud dispuestos a hacer un mal uso de este instrumento sanitario. Asimismo, muestra que el impacto de la fiscalización tiene un límite, ya que esta baja es constante o igual cada mes respecto del año anterior.

Cabe entonces preguntarse qué pasaría si se deja de fiscalizar activamente, y qué otras medidas se requieren para evitar este reprochable comportamiento. La evidencia internacional entrega algunas luces respecto de alternativas a la fiscalización: generar estándares que guíen el actuar de los médicos y de quienes autorizan y fiscalizan los reposos; revisar a la baja la duración y el monto del subsidio asociado a la licencia (en otros países son subsidios temporales, por un monto fijo o por una proporción del sueldo menor a 100%) e involucrar a los empleadores en la fiscalización, ya sea mediante incentivos o pago de algunos días. La respuesta a la primera pregunta, en cambio, resulta más compleja, ya que varios de los métodos usados para fiscalizar (cruce de datos) y luego para sancionar (sumarios) existen en la actualidad; sin embargo, no se usan debido a la falta de incentivos y recursos, especialmente en el caso del sector público, donde los sumarios pueden ser largos y costosos.

Estas consideraciones en lo grueso son abordadas en el proyecto de ley sobre licencias médicas -elaborado por la administración anterior- actualmente en trámite, y de allí la importancia de su pronta aprobación. Entre otros aspectos, se establece que los subsidios por reposo tendrán una carencia de dos días independiente de la duración de la licencia y que ello se aplicará para todos los trabajadores. Así, se igualan las condiciones laborales del sector privado y público, considerando que para este último no corre la carencia ni el tope del sueldo. Además, se busca reducir -sobre todo en el sector público- las licencias cortas, ya que los datos muestran que la mayoría de ellas corresponden a lunes y viernes.

En el sector privado, el objetivo es eliminar el incentivo a alargar ficticiamente la duración de las licencias médicas, para que no corra el descuento de los días de carencia, que requieren reposos de 11 o más días. Junto con ello, la iniciativa otorga facultades a las Isapres y la Compin para fiscalizar el buen uso de este instrumento sanitario, fortaleciendo la línea de fiscalización.

Pese a que los cambios propuestos son acotados y gozan de amplio consenso técnico, la tramitación legislativa avanza con inexplicable lentitud, por lo que cabe esperar que tanto el Ejecutivo como los parlamentarios se agilicen, y los gremios de la salud no sean un obstáculo.