A pesar de que la Corte Suprema declaró en septiembre del año pasado que los juegos de azar en línea son ilegales -instruyendo a las distintas empresas de telecomunicaciones bloquear una serie de sitios-, todavía es posible ver que estas casas de apuestas siguen activas. Pese a los instructivos que ya dictó la Superintendencia de Telecomunicaciones, estas plataformas se las han arreglado para seguir ofreciendo sus servicios en Chile mediante el cambio de direcciones -algo que era totalmente previsible que iba a suceder-, pero todavía más insólito resulta el hecho de que estas casas de apuesta mantengan espacios publicitarios, al punto que incluso continúan auspiciando a numerosos equipos de fútbol.

Más allá de que algunos de estos sitios han presentado recursos de protección al estimar que el fallo del máximo tribunal no los incluye y aun así la autoridad ha instruido su bloqueo, lo cierto es que ha existido excesiva lentitud o condescendencia para hacer efectiva esta prohibición, lo que envía una señal muy contradictoria respecto de la capacidad o voluntad del Estado para hacer cumplir el Estado de Derecho, donde también cabe reprochar a aquellas entidades que siguen acogiendo sin reparos una publicidad que vulnera la normativa vigente.

La Corte Suprema estableció que en lo que respecta a los juegos en línea hay solo tres operadores en el país que cuentan con licencia para ello, de tal modo que ninguna otra entidad está autorizada para ofrecer estas modalidades. Además, estableció que los proveedores de internet tienen prohibido transmitir o facilitar actividades ilegales. Son lineamientos suficientemente claros, pero que aun así su cumplimiento solo se ha logrado en forma parcial.

Prueba de que estas casas de apuestas en línea operan fuera de la ley es que se encuentra en tramitación un proyecto de ley justamente destinado a regularizar estas actividades y con ello homologar los requisitos que se exigen a los operadores locales para explotar licencias de juego, lo que en todo caso parece el camino correcto porque buscar su prohibición total resulta completamente inútil. En todo caso, el Estado tampoco ha contribuido a enviar las señales correctas, luego de que el Servicio de Impuestos Internos instruyó el cobro de IVA a estas plataformas, argumentando que se está desarrollando una actividad comercial y que para efectos del cobro de estos tributos la ley no distingue si acaso dichas actividades son lícitas. Es evidente lo contradictorio que resulta que por un lado el Estado esté buscando bloquear un servicio no autorizado por ley, y por otra parte pretenda beneficiarse mediante el cobro de impuestos.

Lo que corresponde es que, en tanto no se apruebe la ley respectiva que autorice estas operaciones -trámite que debiera agilizarse, para contar cuanto antes con una regulación-, el Estado implemente herramientas que permitan hacer cumplir la ley, aun si ello puede afectar a ciertas actividades que reciben ingresos por publicidad. Especialmente delicado resulta que equipos de fútbol terminen siendo promotores de apuestas y se desentiendan del impacto que ello tiene sobre menores de edad o personas ludópatas, quienes se ven inducidos al juego sin ningún tipo de control