Las señales que se están dando desde el Congreso resultan cada vez menos auspiciosas para efectos de concretar una pronta reforma al sistema político. En el Senado se tramita una reforma constitucional que entre sus aspectos centrales establece que solo los partidos que alcancen al menos el 5% de los votos a nivel nacional en la elección de la Cámara de Diputados podrán atribuirse escaños en dicha corporación, pero producto de una serie de maniobras -como la solicitud de una segunda discusión- se ha dilatado su votación en sala.

Una vez que se pronuncie el Senado, el proyecto deberá ser conocido por la Cámara de Diputados, y la disposición que allí se observa es muy dispar. Hay sectores que se han mostrado proclives a aprobar una reforma de este tipo, pero otros -particularmente representantes de partidos más pequeños- han manifestado una serie de reticencias, ya sea porque consideran improcedente tratar una reforma de este tipo en un año electoral, o sencillamente porque estiman que una reforma que deje fuera a una serie de colectividades emergentes lesiona severamente la democracia.

Hay un consenso muy amplio en cuanto a que nuestro deteriorado sistema político está representando un severo lastre para la salud de la democracia, y no son pocos los que a su vez alertan que sin una reforma de este tipo es poco probable que se generen las condiciones para aspirar a un mayor crecimiento. En particular, se ha hecho ver que la excesiva fragmentación de partidos se ha vuelto una barrera objetiva para efectos de allanar los grandes acuerdos en el Congreso, y es un problema también para los gobiernos, pues es evidente que en un ambiente así para cualquier administración resulta complejo poder impulsar sus propias reformas.

El establecimiento de un umbral en ningún caso será una suerte de bala de plata, porque es un hecho que la fragmentación no es el único factor que explica el ambiente de desorden en que nos encontramos; los mismos partidos viven a su vez tensiones internas, y el afán de protagonismo o de populismo en que con frecuencia caen los parlamentarios no se corregirá por el solo hecho de que existan menos partidos.

Lo que parece innegable es que con cerca de una veintena de partidos con representación en la Cámara de Diputados se crea un cuadro complejo y que no responde a ninguna racionalidad política, pues es dudoso que todas esas colectividades representen grandes corrientes de pensamiento, y lo natural sería que aquellas fuerzas con claras afinidades confluyeran en partidos más grandes, lo que para una democracia es mejor. De allí que la existencia de un umbral sería el primer paso para comenzar un proceso de más largo aliento.

Es lamentable que la reforma al sistema político esté quedando supeditada a cálculos cortoplacistas, sin reconocer que las propias dilaciones de varios partidos llevaron a que este proyecto se esté discutiendo en un período electoral, y ahora resulte incierto que se logre aprobar para que tenga efectos a partir de 2026. El gobierno del Presidente Boric, por su parte, también arriesga incumplir el compromiso que asumió en la cuenta pública del año pasado -no ha logrado generar espacios de consenso para esta reforma-, y habrá que ver si en la que tendrá lugar el próximo domingo reimpulsará esta agenda.