De los ocho candidatos presidenciales que compitieron en la primera vuelta, tres de ellos obtuvieron votaciones que rondaron el 1%, representando en conjunto poco más de 400 mil votos, es decir, apenas el 3% del total de sufragios a nivel nacional. Este elevado número de candidaturas no es ajeno a lo que hemos tenido en otras elecciones -en la de 2013 hubo de hecho nueve abanderados-, como tampoco que en cada contienda haya candidatos que obtengan votaciones simbólicas. Es cierto que la primera vuelta permite depurar el escenario y concentrar los votos en los dos que tengan la mayoría de las preferencias, pero igualmente cabe preguntarse si resulta razonable que en una contienda presidencial exista tal cantidad de candidatos.

Es parte del juego democrático que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos básicos establecidos por la Constitución y la ley pueda aspirar a ser candidato a la Presidencia de la República, ya sea que lo haga en virtud de ser nominado por un partido político, o bien como independiente, para lo cual debe recolectar firmas de los ciudadanos. Es sano para la propia democracia que las reglas para ser candidato no se constituyan en obstáculos insalvables -de otro modo el surgimiento de nuevos liderazgos se podría tornar muy difícil-, pero también es necesario apuntar a un equilibrio razonable, de tal modo de procurar que todas las candidaturas en competencia tengan a lo menos un cierto grado de representatividad, algo que hasta ahora no se ha logrado asegurar.

Las actuales reglas establecen que los partidos políticos inscritos a nivel nacional podrán designar candidatos presidenciales -también lo podrán hacer colectividades inscritas en solo algunas regiones, pero cumpliendo con determinados requisitos-, en tanto que aquellos ciudadanos que busquen ir como independientes deberán conseguir el patrocinio ciudadano, para lo cual deberán obtener las firmas del 0,5% de los votantes que participaron en la última elección de diputados. Para los comicios que acaban de tener lugar, ello se tradujo en unas 35.500 firmas, un umbral sin duda muy poco exigente.

Dado los bajos requisitos que se exigen para constituir partidos políticos, y el bajo número de firmas requeridas para postular candidaturas independientes, el sistema en la práctica favorece la proliferación de postulantes sin mayor representatividad, los que sin embargo logran acceder de manera idéntica que aquellas con mayor representatividad a todos los beneficios que la ley franquea: franja televisiva gratuita y financiamiento público.

En la medida que proliferen tantas candidaturas también se hace mucho más difícil sacar provecho a los debates televisivos -cuyo objetivo primordial debería ser asegurar que los electores sufraguen de la manera más informada posible-, porque el escaso tiempo se debe repartir entre varios postulantes y ello hace imposible profundizar en las propuestas.

Dado que en estas elecciones rigió el voto obligatorio, el número de electores aumentó de manera significativa, de modo que para los siguientes comicios constituir partidos costará más y los independientes deberán reunir del orden de 66 mil firmas, un umbral algo más exigente. Aun así, sería bienvenido que la academia desde ya comience a analizar si tal barrera sería suficiente para asegurar candidaturas más representativas, o si es necesario pensar en requisitos adicionales o definitivamente en un nuevo sistema.