uego de la dura derrota electoral que experimentó el oficialismo en las recientes elecciones presidenciales, el ánimo para prolongar más allá de este gobierno algún tipo de coalición ya estaba en entredicho, y ahora con mayor razón luego del áspero enfrentamiento que en los últimos días ha surgido entre el Frente Amplio/PC y el Socialismo Democrático (SD), a raíz de la ley Naín-Retamal, una norma que fue aprobada en 2023 para brindarle al personal policial mayores certezas jurídicas para el cumplimiento de su deber. Dicha disposición fue invocada por el tribunal en el veredicto que absolvió a un excarabinero en el caso que afectó a Gustavo Gatica, ante lo cual sectores del FA recriminaron al SD el haber promovido una norma que a su juicio permitió la impunidad, lo que implicó una dura respuesta desde el SD, acusando a sus socios de grave deslealtad.

Se trata sin duda del mayor desencuentro que han experimentado ambos bloques desde que se inició el gobierno, y lo que trasluce es un sinceramiento de lo que en realidad ha sido esta coalición: más que un conglomerado unido por idearios políticos comunes, ha sido una coalición táctica para poder gobernar y tratar de dejar en un segundo plano las diferencias que existen entre estos sectores. Ahora que el proyecto político ha sido derrotado electoralmente, las motivaciones para prolongarse en la futura oposición como un bloque unitario se han desvanecido.

Es evidente que la seguridad y el orden público han sido las áreas donde probablemente se han visto las mayores diferencias entre el SD y sectores del FA y el PC; si bien es evidente que el frenteamplismo con el paso del tiempo fue matizando algunas de sus posturas iniciales -por ejemplo, ya no cuestiona el estado de excepción en La Araucanía-, en la agenda legislativa sobre seguridad fue posible advertir constantes tensiones y respaldos muy a contrapelo. La ley Naín-Retamal es quizás el mejor ejemplo de una norma que pese a que fue patrocinada por el gobierno, ahora se busca desentenderse de ella, y no es casualidad que ayer un grupo de diputados -entre los que figuran miembros del FA/PC- haya presentado un proyecto de ley inconsulto para modificarla.

Pero los roces también fueron evidentes a raíz de la superioridad moral que tanto se le ha reprochado al frenteamplismo, como también por la constante crítica que este sector formuló respecto de los “30 años” -en particular hacia la ex Concertación-, un desdén que el SD aceptó que tuviera lugar sin defender con energía lo que fue su propio legado, claudicación que a la larga demostró ser un grave error porque permitió que las miradas más extremas adquirieran el protagonismo, tal como ocurrió en la fracasada Convención Constitucional.

Distintas voces del oficialismo ya anticipan que bajo la administración de José Antonio Kast habrá dos oposiciones, y ante ello parece ser el momento de las definiciones. El PC ya ha advertido que promoverá “hitos de movilización” en contra del futuro gobierno, estrategia que ha encontrado eco en sectores del FA. El SD tendrá la oportunidad de buscar su propio perfilamiento y redefinir su política de alianzas, donde resultaría llamativo que luego de la experiencia vivida otra vez terminara subsumido en los sectores más extremos de la izquierda.