La semana pasada se conoció que de acuerdo al noveno Consolidado de Información Circularizada presentado por la Contraloría General de la República, entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos que hacían uso de un periodo de reposo indicado en una licencia médica lo incumplieron viajando fuera del país. Se trata de una situación extremadamente preocupante y que ha levantado reacciones condenatorias en distintos ámbitos.

Este escándalo se enmarca en un contexto mayor, que es la emisión irregular de licencias médicas, algo de lo que desde hace tiempo hay importantes señales, y que ya alertaba sobre la fragilidad del sistema y la liviandad de su otorgamiento. Basta recordar al grupo de médicos extranjeros investigados desde 2021 que había montado un verdadero negocio de la entrega de licencias, causando un perjuicio de $2.700 millones y que salieron del país, o lo que reporta el “Informe anual de emisores de licencia médica electrónica 2024” de la Superintendencia de Seguridad Social, el cual consigna que 309 profesionales de la salud -de un total de 50.913 habilitados para entregar licencias- emitieron más de 1.600 de estos documentos y 11 emitieron más de 5.000 el año pasado. El mismo informe señala que en este último tramo el 80,7% de las licencias es por trastornos mentales, frente al 27,6% entre quienes emitieron menos de 1.600 en el año, lo que permite anticipar diagnósticos bastante cuestionables, especialmente si no tienen la especialidad.

En ese orden de cosas, es un paso en la dirección correcta la reciente promulgación y publicación de la ley 21.746 que reforma el sistema existente sobre el uso y otorgamiento de licencias médicas, cuya tramitación comenzó en marzo de 2022, con el objeto de asegurar su correcta utilización, para lo cual y tal como establecía el mensaje del proyecto, se hacía “fortaleciendo las facultades de control y fiscalización de los órganos relacionados con el goce de este derecho, así como el establecimiento de sanciones administrativas y penales a quienes realicen conductas abusivas o ilegales relacionadas con dichos documentos”. Sin embargo, con todos los antecedentes que ya existen en la materia, el reforzamiento del sistema para evitar su mal uso habría requerido de mayor urgencia en su tramitación legislativa. Si bien esta nueva norma no apunta a una solución estructural, envía una señal a los infractores.

Pese a que los problemas relacionados con licencias médicas llevan largo tiempo, las soluciones se han ido abordando sin la premura que el tema exige. Por ello urge acelerar un debate a fondo sobre el sistema de licencias médicas, que entre otros aspectos analice las razones del creciente aumento de estos permisos –en el año 2024 se tramitaron más de 8 millones de licencias, un aumento de 2% respecto del año anterior-; la fuerte concentración en ciertas enfermedades, como la salud mental; el por qué los funcionarios del sector público presentan en promedio el triple de licencias que los trabajadores del sector privado, y ciertamente contar con mecanismos de fiscalización mucho más robustos. Cabe esperar que el proyecto de ley que presentará el Ejecutivo sobre reforma al subsidio de incapacidad laboral sea la instancia para que estos y otros temas se aborden, porque es indispensable contener el enorme gasto que hoy se destina a licencias.