Desde el colapso a comienzos de marzo de la tregua acordada entre Israel y Hamas y el bloqueo impuesto por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a la Franja de Gaza -levantado solo parcialmente a inicios de semana-, el conflicto en la zona se ha intensificado, agravando así las ya dramáticas condiciones de los más de 1,5 millones de palestinos que habían vuelto a sus casas o a lo que quedaba de ellas tras el alto al fuego de enero pasado. Según Naciones Unidas, solo en estas últimas semanas más de 50 niños han perdido la vida por la falta de alimentos y más de 70 mil están en riesgo de sufrir una desnutrición aguda en los próximos días, lo cual da cuenta de la gravísima crisis humanitaria que se vive en el enclave producto de estas restricciones.

Lo anterior se suma a los más de 500 muertos registrados desde el reinicio de las acciones militares israelíes en marzo pasado y que elevan a casi 54 mil los palestinos fallecidos en los más de 18 meses de conflicto. Una guerra desatada luego del brutal ataque terrorista de Hamas en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 israelíes muertos y 251 rehenes, de los cuales 58 aún no son liberados, aunque solo 23 seguirían aún con vida. El primer ministro israelí ha insistido que no cejará en las acciones en Gaza hasta lograr que todos los rehenes sean liberados y el territorio quede libre de la presencia de militantes de Hamas.

Para lograr lo anterior, sin embargo, no ha medido las consecuencias de las acciones de las fuerzas militares de su país contra la población civil de la Franja de Gaza. El acuerdo alcanzado a comienzos de año que logró un alto al fuego y estableció una serie de etapas para la entrega de los rehenes, el desarme de Hamas y el retiro del ejército israelí de todo el territorio de Gaza colapsó en marzo pasado, cuando se debía iniciar la segunda de las tres fases de lo pactado en enero. Hamas acusó a Israel de no cumplir con los compromisos y el gobierno de Netanyahu cuestionó la negativa del grupo palestino por extender la primera fase del acuerdo y continuar con la liberación de rehenes.

Desde entonces Israel reanudó los bombardeos en Gaza y anunció que lanzará una operación militar terrestre para tomar control completo del territorio. Ello se suma al bloqueo de la franja que impidió hasta el miércoles pasado la entrada de ayuda humanitaria, cuyo ingreso aún es limitado. En la práctica, Israel está utilizando el bloqueo como una herramienta de presión para sus objetivos políticos y militares, sin importar sus dramáticas consecuencias para la población de Gaza, lo que resulta en una abierta violación a las convenciones más elementales sobre derechos humanos. En esa línea, el relator de la ONU para el derecho de la alimentación ha calificado las trabas impuestas por el gobierno israelí como “un crimen contra la humanidad”.

Ante esta realidad se habría esperado que mucho antes la comunidad internacional hubiese alzado su voz de manera enérgica, y solo ahora se están empezando a ver reacciones algo más concretas. El bloqueo ha comenzado a tensionar las relaciones de Israel con sus aliados europeos, tal que varios países de la UE pidieron revisar el acuerdo comercial con ese país, cuyo artículo 2° señala que “las relaciones entre las partes se basarán en el respeto a los derechos humanos”. Por su parte, Francia, Canadá y Reino Unido anunciaron a comienzos de semana que tomarán “represalias” contra Israel si no se detiene la expansión de las operaciones militares en Gaza. “Israel sufrió un atroz atentado el 7 de octubre, siempre hemos apoyado el derecho de Israel a defender a los israelíes contra el terrorismo, pero esta escalada es totalmente desproporcionada”, dijeron en un comunicado, en el que agregaron que “la denegación de asistencia humanitaria esencial a la población civil es inaceptable y entraña el riesgo de infringir el Derecho Internacional Humanitario”. Reino Unido además suspendió las conversaciones para un TLC con Israel.

Pese a ello, el primer ministro de Israel ha insistido que continuará con las operaciones militares hasta que todo el territorio de Gaza esté bajo el control de seguridad de Israel y acusó a Francia, Canadá y Reino Unido de estar “del lado equivocado de la humanidad y del lado equivocado de la historia”. Según él, las condiciones para poner fin a la guerra pasan por la liberación de todos los rehenes y que Hamas entregue sus armas y deje el poder y “todos quienes piden detener las operaciones antes de lograr esos objetivos están en la práctica llamando a que Hamas mantenga el poder”. El gobernante aseguró, además, que su objetivo es “implementar el plan del Presidente Trump” en Gaza.

Según Netanyahu con ello busca garantizar la seguridad de los israelíes. Sin embargo, en los hechos en lugar de lograrlo está aumentando seriamente el riesgo de que se produzcan inaceptables reacciones violentas contra ciudadanos israelíes a lo largo del mundo, como quedó en evidencia dramáticamente el miércoles pasado con el brutal crimen de dos funcionarios de la embajada de Israel en Washington DC. Además, el legítimo deseo de un gobernante por proteger a su pueblo y combatir a aquellos que lo amenazan no justifica la violación de los derechos de una población civil desarmada. Como dijo el Papa León XIV, el precio de la guerra “lo pagan los niños, los ancianos y los enfermos”.

El dramático panorama que se vive en Gaza ha intensificado los reclamos internacionales por un cese el fuego inmediato, que asegure el despliegue de la ayuda humanitaria y permita a los palestinos volver a instalarse en sus hogares y en su territorio. Incluso en Israel han crecido las voces en rechazo de las operaciones militares en Gaza y un sondeo mostró que más del 60% quiere que estas se detengan. Tras más de un año y medio de conflicto se hace imperioso avanzar hacia un acuerdo entre las partes que permita no solo una tregua y la liberación de los rehenes que aún están en poder de Hamas, sino que conduzca al término definitivo de la tragedia que se vive en la zona.