Chile se ha posicionado como uno de los ecosistemas de Venture Capital más eficientes de América Latina. Según informa Cuantico VP en su Latin America Venture Capital Report 2026, nuestro país cuenta con una base emprendedora que registra 2,66 operaciones por cada millón de habitantes, superando a potencias regionales como Brasil y México. Sin embargo, para los fundadores de startups que intentan venderle al Estado (B2G), estas cifras son solo una ilusión.

Escalar en el sector público nacional sigue siendo una travesía debido a un panorama burocrático donde los pilotos son exitosos, pero no se pueden escalar a través de mecanismos tradicionales como licitaciones. Un proceso de venta B2G en Chile puede tomar entre 6 y 18 meses; para una startup en etapa temprana, ese plazo puede marcar la diferencia entre crecer o desaparecer.

En este contexto, iniciativas como la Red Chilena de Hubs Municipales (que conecta a Huechuraba, Ñuñoa, Vitacura y Providencia, entre otros) han permitido avanzar en la experimentación local, conectando municipios con soluciones innovadoras. Sin embargo, cuando estas soluciones intentan expandirse, chocan con una estructura centralizada y procesos que no están diseñados para escalar innovación.

A esto se suma que el sistema de compras, incluso tras la modernización de la Ley 21.634, mantiene barreras invisibles. La “Compra Ágil” (que aumentó el límite para las adquisiciones públicas de 30 a 100 UTM) es una puerta de entrada necesaria, pero se ha convertido en una trampa, ya que permite el piloto, pero no el escalamiento tecnológico requerido para transformar un servicio público a nivel nacional.

La esperanza reside en la Compra Pública de Innovación (CPI). ChileCompra indicó que entre agosto y diciembre de 2025, cerca del 13% de las licitaciones públicas y compras ágiles adjudicadas ya incorporaban criterios de sustentabilidad e innovación. La CPI cambia el paradigma: el Estado deja de comprar productos empaquetados y empieza a invertir en soluciones para problemas no resueltos, actuando como un adoptante temprano.

Para que este modelo se consolide, es necesario avanzar en mecanismos que reduzcan el riesgo de implementar nuevas tecnologías en el sector público. Por ejemplo, habilitar mecanismos de fast-track que permitan que un piloto validado en un municipio pueda ser adoptado por otros, sin tener que reiniciar todo el proceso administrativo.

El desafío ya no es generar más pilotos, sino crear las condiciones y alinear tiempos y recursos para que estos se implementen a escala. La innovación en el sector público no depende de nuevas ideas, sino de la capacidad del Estado para adoptarlas.

Por José Antonio Morales, Innovation PMO en ChileGlobal Ventures de Fundación Chile