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La iniciativa deberá ser ratificada con más de 87 votos en una segunda votación, por tratarse de una reforma constitucional, en el periodo legislativo del Parlamento que se inicia en febrero del próximo año. El proyecto plantea que la actual presidenta, Dina Boluarte, concluya su mandato el 28 de julio de 2024.

“¡El Congreso de la República debe cumplir con aprobar el adelanto de elecciones exigido por el pueblo!", señala un comunicado firmado por los gobernadores regionales. El pleno del Parlamento retomará este martes el debate del anticipo de los comicios, pero la situación se ve compleja porque aún no hay consenso en las bancadas políticas.

Este martes, 1.008 grandes electores, en su mayoría miembros del Parlamento y algunos representantes regionales, fueron elegibles para emitir sus votos, pero la segunda ronda de votaciones, al igual que la sesión del lunes, no arrojó un vencedor. Una de las posibilidades que sopesan los líderes de los partidos es si se puede obtener respaldo suficiente para elegir al primer ministro Mario Draghi como nuevo presidente.

El ministro venezolano de Exteriores, Félix Plasencia, criticó a Estados Unidos por “llamar al boicot electoral y al mismo tiempo felicitar la celebración de elecciones”. "Es incoherente e irrespetuoso”, además de “poco democrático”, expresó.

Aunque el exmandatario izquierdista aún no confirma si será candidato, una decisión que dice va a tomar a comienzos del próximo año, Lula obtendría el 48% de los sufragios frente al 22% Bolsonaro, de acuerdo con una encuesta del Instituto Datafolha publicada por el diario Folha de Sao Paulo.

Juan Guaidó pidió a sus partidarios unificarse en la nueva elección por la gobernación de Barinas, estado dirigido por más de dos décadas por los familiares del fallecido mandatario venezolano. El candidato opositor Freddy Superlano se imponía por estrecho margen al abanderado oficialista Argenis Chávez, pero el Tribunal Supremo de Justicia dijo que estaba inhabilitado para ocupar cargos públicos, por lo que ordenó repetir los sufragios el próximo 9 de enero.

“Las detenciones arbitrarias y el acoso de actores políticos y de la sociedad civil, la criminalización de las actividades de los partidos de oposición, la prohibición de candidatos en todo el espectro político, la manipulación de las listas de votantes, la censura persistente de los medios de comunicación y otras tácticas autoritarias sofocaron prácticamente el pluralismo político y garantizaron que las elecciones no reflejasen la voluntad del pueblo venezolano”, afirmó el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

El domingo serán elegidos 3.082 cargos entre gobernadores, alcaldes y concejos municipales por 21 millones de votantes registrados en los 23 estados venezolanos. En estos comicios, la oposición vuelve a participar, tras haber estado ausente de las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020, argumentando la falta de garantías.

El gobierno estadounidense acusa de manipulación al régimen del presidente Nicolás Maduro, cuya reelección en 2018 no reconoce, al igual que otros 50 países, por considerarla fraudulenta. “El régimen ha manipulado las listas de votantes y ha desautorizado a algunos candidatos de la oposición a presentarse a cargos públicos, sin razón ni justificación, y ha acosado a otros”, dijo Kevin O’Reilly, subsecretario adjunto para las Américas del Departamento de Estado.

El líder de la coalición opositora Juntos por el Cambio y expresidente de Argentina, Mauricio Macri expresó que “aquí tiene que haber una profunda autocrítica y reconocimiento, y plantearse entre ellos (el Gobierno) qué van a haver ahora y que proponen”, aseveró en alusión a las palabras del presidente Alberto Fernández sobre la búsqueda de un “consenso” con todas las fuerzas políticas. Al respecto, el líder de extrema derecha de La Libertad Avanza, Javier Milei, advirtió al “tirano” de Fernández que no se sentarán a negociar y ha ensalzado sus resultados como una “gesta histórica” pese a no poder competir con las dos principales coaliciones.

Con el 81% de las mesas escrutadas, ya se estableció un triunfo de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio frente a la alianza peronista Frente de Todos, que perdió el control del Senado, mientras que en la Cámara de Diputados se arriesga a dejar de ser la primera minoría. En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, la oposición cosechaba el 40,09% de los votos contra 38,39%. Analistas señalan que estos resultados confirman el voto “castigo” contra el gobierno de Alberto Fernández por la profundización de la crisis económica y la imparable inflación que afecta a esa nación.

La votación, que cerró a las 18.00 -hora local-, es clave para el futuro del mandatario Alberto Fernández, cuya capacidad de gestión podría verse afectada si pierde, mientras que la oposición de centroderecha podría ver allanado su camino hacia las elecciones presidenciales de 2023 si se impone. “Si la hipótesis fuera una repetición de las primarias, esto va a tener una gran repercusión en el interior tanto del Gobierno como del Frente de Todos (oficialismo). En el Senado podría perderse incluso el quórum propio”, aseguran analistas políticos.

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, manifestó que el organismo no mandará al país centroamericano observadores electorales, puesto que el “señor presidente, Daniel Ortega, ya se encargó de encarcelar a todos los opositores políticos que se presentaban a las elecciones”. Sin embargo, el gobierno del mandatario sandinista -que aspira a su cuarto mandato, el segundo con su mujer Rosario Murillo como vicepresidenta-, ha asegurado que todas estas detenciones se han llevado a cabo conforme a la ley.

A través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia del organismo dijo en un comunicado que hubo “una manipulación dolosa” en dichos comicios electorales, en respuesta a la Fiscalía de esa nación que negó estos hechos. Los informes del organismo han apoyado la versión de los opositores que denunciaron que Morales, en el poder desde 2006, fue responsable de las irregularidades para permanecer en el gobierno boliviano hasta 2025.