La controversia por las elecciones internas del Partido de la Gente (PDG) sumó nuevos antecedentes luego de que documentos internos de la colectividad dieran cuenta de reparos formulados desde el propio Tribunal Supremo al proceso que terminó con la invalidación de los comicios.

El pasado 14 de mayo, el órgano declaró inválida la elección interna realizada el 25 de abril, argumentando que el proceso no reunía condiciones suficientes de “certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental” para efectuar válidamente la calificación y proclamación de las directivas.

A raíz de esa decisión, el Tribunal Supremo ordenó convocar a nuevas elecciones internas y dispuso que, mientras se realice ese proceso, las actuales directivas se mantengan en sus cargos para efectos de continuidad administrativa e institucional.

De esta manera, Rodrigo Vattuone continúa como presidente del partido, mientras que el excandidato presidencial Franco Parisi se mantiene como vicepresidente.

La resolución impactó a la Lista B, que según los resultados preliminares había obtenido una amplia ventaja frente a la Lista A, encabezada por Vattuone y respaldada por la actual directiva.

Reparos dentro del Tribunal Supremo

Según documentos internos del partido a los que tuvo acceso La Tercera, dos integrantes del Tribunal Supremo dejaron constancia formal de cuestionamientos a la forma en que se condujo la calificación electoral y a la resolución que invalidó el proceso.

En una de las presentaciones, fechada el 16 de mayo, se solicita la nulidad e invalidación de resoluciones vinculadas a la elección interna, apuntando a la existencia de actos “contradictorios” e “incompatibles” respecto de un mismo proceso electoral.

El documento sostiene que habría coexistencia de dos resoluciones distintas sobre la elección del 25 de abril, sin que una invalidara expresamente a la otra, lo que, según la presentación, generaría incertidumbre jurídica sobre los efectos del proceso.

La misma presentación cuestiona la falta de trazabilidad colegiada suficiente, señalando que no constaría un acta íntegra, un acuerdo formalizado ni una votación debidamente registrada que permitiera reconstruir el proceso decisorio del órgano.

Otro documento, fechado el 17 de mayo, manifiesta rechazo a la resolución publicada y suscrita por tres miembros del Tribunal Supremo, solicitando su nulidad, la intervención del Consejo General y la revisión integral del proceso con integración de miembros subrogantes.

En esa presentación se plantea que la negativa a firmar la resolución no respondió a una decisión arbitraria, sino a reparos por eventuales modificaciones sustanciales no deliberadas regularmente, contradicciones materiales e inhabilidades pendientes de resolver.

Los documentos también mencionan observaciones sobre la integración e imparcialidad del órgano, así como solicitudes para revisar eventuales incompatibilidades de algunos de sus miembros. Esos puntos, sin embargo, son planteados como cuestionamientos internos y no como hechos establecidos por una instancia externa.

Lista B apunta a falta de legitimidad

Desde la Lista B han cuestionado la decisión del Tribunal Supremo y sostienen que la resolución no fue adoptada de manera unánime, apuntando a los reparos formulados por dos integrantes del propio órgano electoral.

En esa línea, el diputado Fabián Ossandón, quien integraba la Lista B como vicepresidente nacional, afirmó que parte del Tribunal Supremo “le hizo un daño enorme al partido”.

“La propia resolución deja en evidencia la desprolijidad con que actuaron. No agotaron etapas del proceso, no realizaron una revisión completa mesa por mesa y ni siquiera existió una trazabilidad adecuada”, sostuvo el parlamentario.

Ossandón también destacó que la elección interna contó con observadores del Servel, lo que, a su juicio, vuelve “aún más grave e incomprensible lo ocurrido”.

Los antecedentes revisados también dejan abierta la posibilidad de recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones, en caso de que ello sea considerado necesario para resguardar la regularidad del proceso electoral interno y la juridicidad de los actos partidarios.