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La acción de Bernardo Arévalo se da en medio de la arremetida del Ministerio Público contra la elección, el tribunal electoral que lo declaró ganador, el partido que lo llevó a la presidencia y el mismo Arévalo.

La idea es despachar del Senado la reforma en octubre y desde la Cámara en noviembre, antes del plazo que dio la Suprema para implementar el fallo sobre tabla de factores. Los plazos están justos y muchos dudan que se logre implementar el fallo a tiempo. "La Superintendencia de Salud ya debería comenzar a elaborar una nueva solicitud de prórroga ante la Suprema", opina el ex superintendente Patricio Fernández.

En el marco del incidente de nulidad procesal que ingresó Consalud por el fallo GES, la isapre también presentó una solicitud de recusación de los ministros integrantes de la Tercera Sala del máximo tribunal: Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus. Apelaciones admitió a trámite esta última solicitud, frente a lo cual los ministros enviaron un informe pidiendo rechazar el incidente de recusación.

Ante una solicitud ingresada por el Consejo de Defensa del Estado a fin de extender por seis meses las labores de la jueza, el pleno de ministros se inclinó por rechazar su permanencia a cargo de la investigación que tiene en la mira a excomandantes en jefe del Ejército. Desde la institución encabezada por Raúl Letelier argumentaban que existían 67 órdenes de investigar pendientes de entrega, sin embargo, eso no convenció a la mayoría de los ministros.

La ministra de Salud aclaró que este fallo se analizará en el marco de la ley corta que ingresó el gobierno al Congreso sobre la tabla de factores. Por su parte, las isapres están empezando a retarificar los planes de salud que tienen a la venta, para reducir el GES según ordenó la Corte, pero compensar lo anterior subiendo el precio base. Por eso mismo Consalud suspendió la venta de planes hasta fin de mes.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta indicó que es necesaria una conversación con el Ejecutivo y las isapres para que haya viabilidad financiera en el sistema y sus usuarios puedan seguir recibiendo atención médica.

Ambas isapres informaron a sus respectivas fuerzas de ventas que “hemos tomado la decisión de suspender a partir de hoy la comercialización de todos nuestros planes de salud a la espera del fallo para eventuales ajustes de nuestros precios y productos”.

Según cálculos realizados por el movimiento Salud Libre que encabeza Victoria Beaumont, la potencial devolución sería de unos US$582 millones, según los montos cobrados en exceso hasta el cierre del mes pasado. En tanto, los menores ingresos mensuales por GES serían de $49.440 millones, una reducción de 13,3% respecto a los actuales ingresos de las isapres. Bajo este escenario, "las isapres quiebran antes de hacer cualquier devolución”, comenta Beaumont.

La jurista Alejandra Arriaza destacó que el fallo de la Suprema permitirá tramitar la causa del delito de injurias con publicidad en contra de la diputada, por sus dichos emitidos contra la senadora Fabiola Campillai.

El máximo tribunal sorteó la sala de cinco ministros que fallarán el recurso. La judicatura tiene como plazo máximo para resolver un total de 10 días hábiles. Si el reclamo pasa el examen de admisibilidad, la izquierda deberá probar ante los magistrados que el “vicio que se reclama” es “esencial” y, además, tendrán que constatar claramente cuál es “el perjuicio que causa”.

Hay tres temas por los cuales se han presentado recursos de protección de manera masiva contra las isapres. Dos de esos asuntos ya fueron fallados por la Tercera Sala de la Corte Suprema, con resultados que no cayeron nada bien en la industria. Pero falta uno: el ajuste del precio por las Garantías Explícitas en Salud (GES). Este jueves las isapres presentarán sus alegatos ante el máximo tribunal por esta materia. Dados los últimos dos fallos, el resultado es incierto.

Allí la isapre asegura que según la interpretación del fallo que hizo el regulador, se "produce una pérdida de ingreso anual de alrededor de $85 mil millones para Isapre Colmena, equivalente al 8% de los ingresos anuales. Considerando que la utilidad sobre los ingresos totales en los últimos 10 años, fue de un promedio de 1,4%, una rebaja de ingresos de esta magnitud causaría desde el inicio inevitablemente la inviabilidad operacional y financiera de mi representada”.

En una declaración, dijeron que "las isapres y el sector privado de salud en general han enfrentado un escenario de incertidumbre jurídica en los últimos años, a partir de fallos y actuaciones que han contravenido la legislación vigente, generando enormes pérdidas financieras que ponen en riesgo la subsistencia del sistema en su conjunto (...) Este colapso solo se ha evitado momentáneamente debido a los constantes aumentos de capital que han tenido que llevarse a cabo”.

Esto, tras la controversia generada por palabras de la ministra Ángela Vivanco, quien afirmó a La Tercera que el dictamen obliga a restituir estos cobros solo a quienes han presentado recursos de protección contra las aseguradoras y no a toda la cartera de cotizantes.

De esta manera se convierten en las primeras isapres en ingresar recursos de aclaración ante el máximo tribunal. Entre otras cosas, pidieron aclarar si la devolución debe hacerse solo a aquellos cotizantes que han presentado recursos de protección; si la aplicación de la tabla única de factores puede hacerse de manera gradual, en un horizonte determinado de tiempo, y solo para quienes lo soliciten.