Carabineros: las renuncias que inquietan al Alto Mando

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FOTO: Sebastián Beltrán /AGENCIAUNO

Un informe de la policía revela que más de 650 uniformados renunciaron a su cargo en 2019. Solo entre octubre y diciembre, durante la crisis social, casi 150 policías colgaron el uniforme, un 23,7% más que en el mismo período del año anterior. En la institución admiten que algunas salidas se deben a los “inusitados niveles de violencia”.


Su renuncia a Carabineros la presentó pocas horas antes de la Navidad de 2019. Por casi tres meses, el comandante Miguel Amarte (45) -nombre con que este exoficial resguarda su identidad- analizó la idea de colgar el uniforme que vistió por más de 25 años. Tomar la decisión no fue fácil, dice, "pero la crisis social aceleró mi salida de Carabineros. No lo hablé con nadie, ni con mi familia ni con mis amigos, solo sentí que era el momento de hacerlo... y lo hice", recuerda el ahora exuniformado.

Los cambios dentro de la institución, el aumento de las horas laborales y la falta de proyección profesional fueron algunos de los motivos que lo impulsaron a dar un paso al costado. Pero igualmente importante fue el traslado que su superior había pedido para que Amarte se integrara a un equipo de control de orden público, lo que lo transformaría en parte de la "primera línea" que la policía destina a diario para contener los desmanes e incidentes que se registran en la capital desde el estallido social del 18 de octubre pasado.

"Privilegié mi tranquilidad mental", recalca. Tras completar el formulario de retiro voluntario, el expolicía golpeó la puerta de su superior y le informó que dejaría vacante su cargo en una unidad especializada de Carabineros. El paso siguiente, recuerda, fue "entregar el mando en el almacén de Carlos Valdovinos, devolver mi arma y entregarle a mi jefatura mi 'terciado' (cinturón de color café)". Desde ese día nunca más volvió a pisar una comisaría.

A un mes de su retiro voluntario, Amarte ocupa hoy un puesto ejecutivo dentro de una empresa de retail emergente. El exuniformado asegura que, al igual que su caso, otros oficiales con más de 25 años de carrera han renunciado, entre los que habría comandantes de una unidad aeropolicial -con especialidad de piloto- y otro formador de suboficiales en el Biobío. Todos habrían dejado la institución debido a los cambios internos causados por el estallido social.

Los problemas de salud del personal constituyen, en menor medida, otra de las causales de renuncia. Ramón Loyola Riffo (50) era suboficial mayor y parte de Fuerzas Especiales de Carabineros en Santiago. En diciembre de 2019 dejó la institución luego de 30 años de servicio. El exuniformado enfatiza que desde el 18 de octubre "aumentaron nuestras intervenciones en materia de control del orden público, debiendo acudir a diversos eventos y focos, donde hubo una serie de desórdenes públicos".

Si bien el suboficial en retiro asegura que su salida de Carabineros se originó por los problemas de salud que lo aquejaban, sí reconoce que la influencia de su familia fue clave para tomar esta decisión, en medio de un clima adverso para los policías que patrullan las calles: "El año 2017 sufrí un infarto, estando de servicio (...); el 2018 y 2019 también tuve un par de complicaciones con mi corazón. Entonces, lo conversé con mis seres queridos y, tras reflexionar en el ámbito personal y familiar, decidí acogerme a retiro", detalla.

¿Existen impedimentos para que un carabinero deje su cargo? La respuesta a esta interrogante la entrega el Estatuto del Personal de la policía uniformada, en el cual se diferencia la renuncia al empleo de un retiro voluntario de un funcionario. El primer caso, explican en Carabineros, corresponde al personal que sale de la institución sin importar los años de servicio que tenga, lo que legalmente se considera como un "retiro temporal".

En el caso de los retiros voluntarios, en tanto, se trata de aquellos uniformados que dejan sus funciones con 20 o más años de servicio. Solo en este último caso los funcionarios tienen "derecho a pensión de retiro", detalla la normativa que rige para sus más de 50 mil funcionarios.

"Los carabineros son personas, y como a muchos chilenos, a algunos de ellos por supuesto que los han afectado estos inusitados niveles de violencia que se han registrado. Es una situación que comprendemos", asegura el coronel José Muñoz Parra, director de Gestión de Personas de Carabineros.

Renuncias en la mira

La renuncia voluntaria de funcionarios es un tema que siguen con atención tanto en el gobierno como en el Alto Mando de Carabineros. De acuerdo con un documento elaborado por la institución uniformada -al que accedió La Tercera-, en 2018, un total de 605 policías dejaron Carabineros. En tanto, en 2019, un grupo de 653 uniformados renunció a sus cargos. Y solo en enero de este año, 27 efectivos de la policía hicieron efectiva su salida de la entidad, lo que promedia casi una renuncia por día (ver infografía a continuación).

Entre octubre y diciembre, según las mismas cifras, la cantidad de policías que salieron de la institución llegó a 146 casos; una dotación de personal similar al que realiza labores preventivas en comisarías como Vitacura, Macul o Independencia. En tanto, en el mismo período de 2018, el mando institucional recibió 118 solicitudes de sus funcionarios para terminar el vínculo laboral.

Respecto del año anterior, entonces, las bajas en Carabineros aumentaron un 23,7% en el último trimestre de 2019.

A nivel nacional, gran parte de las renuncias registradas en 2019 se concentran en la Región Metropolitana (65 casos). Más atrás siguen la Región de Valparaíso (13) y del Maule (12).

"Los retiros voluntarios o presentación de renuncia se dan por diversos motivos, que son descritos como personales. Aun así, siempre estamos monitoreando esta situación", recalcó el coronel Muñoz. Y desde la Dirección de Gestión de Personas de Carabineros detallan que cerca de 800 efectivos, en su mayoría suboficiales, han pedido extender su carrera al cumplir sus 30 años de servicio.

En La Moneda, una de las principales preocupaciones es la violencia que se ha registrado contra el personal uniformado y el impacto que esto podría tener al momento de que los efectivos decidan su continuidad en la institución.

Si bien en el Ministerio del Interior aseguran que la cantidad de renuncias es baja, "como gobierno creemos que es fundamental darles más protección y apoyo a quienes ejercen la función policial, tal como ocurre en las democracias más avanzadas. Un policía bien protegido puede proteger mejor los derechos de los ciudadanos", enfatizó el ministro Gonzalo Blumel.

Según la autoridad, una de las prioridades que La Moneda tendrá en marzo será avanzar en la aprobación del proyecto de estatuto de las policías, que está en el Senado: "Además, estamos implementando cámaras corporales en todos los carabineros que forman parte de la Prefectura de Control de Orden Público, porque eso permite proteger mejor a los efectivos policiales e inhibir las conductas violentas de quienes quieren cometer delitos y atacar a las policías, y además asegurar el buen funcionamiento de los procedimientos policiales".

Desde Palacio aseguran que, a la fecha y a nivel nacional, Carabineros ha presentado cerca de 400 querellas por lesiones y amenazas que han afectado a sus funcionarios en el ejercicio de sus labores. En tanto, desde el gobierno han ingresado más de 20 acciones legales en la Región Metropolitana y un número similar en regiones por hechos de violencia en contra de policías.

Tras una serie de denuncias de amenazas y funas -presenciales y en redes sociales- a personal uniformado, la Dirección de Justicia de Carabineros ordenó realizar un análisis para ver la viabilidad de presentar recursos y acciones legales a favor de policías que hayan sido afectados, entre otros temas, por denuncias falsas de delitos o la publicación de sus datos personales en redes sociales. "La idea es profundizar el apoyo a quienes actúen dentro de la ley en el marco de sus atribuciones y el uso proporcional de la fuerza", detallan fuentes de Carabineros.

Aunque las renuncias de policías no se han masificado aún, el aumento de los niveles de violencia que se anticipa para marzo, sumado a la apertura de causas por violaciones a los derechos humanos, son variables relevantes -según oficiales activos- a la hora de tomar la decisión de mantenerse o alejarse de una de las instituciones con peores niveles de confianza, según la última encuesta CEP.

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