Si es que no es histórico, el lunes 11 debería ocupar cuando menos un lugar en una lista de récords políticos. Las estimaciones preliminares de los especialistas electorales indican que entre 18 mil y 20 mil personas se inscribieron ese día para ser candidatas en alguna de las cuatro elecciones del 11 de abril. La cifra final se conocerá sólo una vez que el Servel haya completado el proceso de limpieza, que significa eliminar a todos los candidatos que tengan algún impedimento jurídico.

Entre los fenómenos controversiales, probablemente el más atrevido es el de Felices & Forrados, primer caso de una empresa con fines de lucro que inscribe candidatos bajo condiciones en las que hay visibles elementos transaccionales. Por razones inescrutables, el presidente del Servel no quiso aclarar si esto es lícito antes de que se produjeran las inscripciones, como sería propio de cualquier funcionario público que deba prevenir o evitar una irregularidad. Debido a ese silencio ominoso, ahora el consejo del Servel deberá debatir y tomar una decisión colegiada ante un caso que, al menos en sus antecedentes públicos, parece claro como el agua.

Pero, al margen de las muchas rarezas que terminará por mostrar el proceso, nunca antes tantas personas habían postulado simultáneamente para cargos de elección popular en todo el país. La relación entre el número de esos cargos y las inscripciones es cerca de 1 a 8, esto es, que hay ocho candidatos por cada posición.

La estrella fue, como se preveía, la convención constituyente, para cuyos 155 asientos se inscribieron entre 2.500 y 3.000 personas, según el cálculo preliminar. Estas candidaturas se han presentado repartidas en 79 listas, la inmensa mayoría de las cuales son independientes. Para que pudieran inscribirse, unas 480.000 personas firmaron patrocinios en menos de tres meses. Esto es más que el total de militantes de todos los partidos políticos vigentes. Algunos de los independientes -como la dirigenta del movimiento feminista 8M Karina Nohales o la periodista Patricia Politzer- consiguieron más firmas que las votaciones con que fueron elegidos numerosos diputados actuales. Se trata de una enorme demostración de recelo hacia los partidos en cuanto se refiere a la elaboración de la nueva Constitución. Todavía no es posible extrapolar ese dato a la totalidad de los cargos de elección popular. Por ahora, lo que se ha expresado es una fuerza masiva en favor de que el debate constitucional sea llevado fuera de la esfera de los militantes.

Esto tiene una importancia particular en la discusión sobre la unidad de la oposición, que en lo partidario terminó, como se sabía desde septiembre, con dos listas separadas. ¿Por qué? Porque una mayoría de las listas de independientes está integrada también por opositores al gobierno -desde moderados hasta radicales-, que no aceptaron integrarse a las listas de las coaliciones, a pesar de los enormes esfuerzos de seducción desplegados por algunos partidos. El significado de esto es que en muchos distritos se presentarán no dos, sino tres o más listas de oposición, sólo que la tercera o las siguientes serán de independientes. Sería miope no ver en esto una sanción a la conducción de la oposición en el espacio constituyente.

Hay que tener presente que es en el mundo de los independientes donde se producirán más rechazos a las inscripciones por parte del Servel, por un sinnúmero de motivos jurídicos y formales. El único órgano de apelación para esas sentencias es el Tricel, cuya doctrina histórica es favorable a los partidos y poco inclinada a favorecer a los independientes.

Esta es sólo la primera valla. La segunda, y más importante, es el actual sistema electoral, que, igual que el anterior, también favorece a los partidos. Por lo tanto, las listas de independientes competirán en un terreno muy desigual y es bastante probable que en la convención no obtengan el predominio que han tenido en las inscripciones. La amenaza de un sentimiento de frustración extendido está a la vuelta de la esquina.

La tercera valla es la participación electoral. Los independientes mejoran sus posibilidades en la medida en que concurra a votar más gente que la que lo que hace usualmente. Con el voto voluntario -que es como el Transantiago: un error estridente que nadie se atreve a terminar-, en las elecciones municipales la participación se redujo hasta un escuálido 35%, una cifra que dejaría sembrado un problema de legitimidad constitucional para quien lo quiera explotar. Cabe suponer que con el volumen de inscripciones la votación será más alta. Pero la verdad es que, pegoteados como quedaron a la maldición del voto voluntario, tanto el gobierno como los expertos se conforman con que los votantes lleguen a algo más del 50%, como en el plebiscito de octubre pasado.

La pregunta es si el entusiasmo torrencial de las inscripciones, su distancia de los partidos y coaliciones actuales, y también de los mundos excéntricos de la farándula o el fútbol, expresa la voluntad de reorganizar la política chilena con caras, ideas y agrupaciones nuevas. Por única vez en la historia, el ciclo constitucional es acompañado por la renovación de todos los asientos de elección popular, lo que quiere decir que esa voluntad será puesta a prueba en las mismas urnas, en el mismo período. Las elecciones de abril se convierten lentamente en el primer paso hacia una dimensión desconocida, la primera gran seña del Chile del siglo XXI.