Con el cambio del gabinete y la penúltima cuenta presidencial, el gobierno ha completado su preparación para los 20 meses que le quedan. Es evidente que el Presidente desea que estas sean las últimas modificaciones que tenga que introducir en sus equipos, pero la vida ha demostrado que puede ser muy dura para este gobierno.
La nueva etapa nace marcada por tres disyuntivas de resolución muy difícil.
La primera, y la más ciega, es la del control del Covid-19. Tras un comienzo optimista y hasta un tanto triunfal, el gobierno ha tenido que ver con desaliento que Chile se sitúa en el octavo lugar de los países con más contagios. La gestión del exministro Jaime Mañalich fue exitosa para impedir el “dilema de la última cama” -testeo, UCI y ventilación-, pero fue derrotada por la desconfianza en las cifras. La paradoja es que el debate sobre las cifras recién se plantea en otros países, con lo que la posición de Chile en el ranking podría variar a la baja.
Ahora el problema es otro: ¿Cómo mantener el descenso de los contagios en un ambiente social de exasperación e indisciplina? Si el gobierno mantiene las medidas de restricción, que han estado entre las más severas del mundo, parece seguro que los contagios disminuirán. Pero en el otro lado de la balanza aumentarán los daños del confinamiento, extendidos en un intolerable abanico que va desde la pobreza hasta la violencia intrafamiliar El carácter antinatural de las medidas restrictivas ha confirmado que no pueden ser muy prolongadas. Y Santiago ya sobrepasa los cuatro meses. Para más inri, una legión de críticos parece dispuesta a desplegarse si el gobierno levanta las restricciones y aumentan de nuevo los contagios.
La segunda encrucijada, atada con la anterior, es la de la situación económica. Mientras seis millones de chilenos se precipitaban sobre las AFP para retirar su 10%, los 12 proyectos acordados el 14 de junio por el ministro de Hacienda con la oposición han seguido un moroso avance en el Congreso: sólo tres aprobados, otros tres en trámite y seis aún no presentados. El posterior programa de subsidio directo a la clase media fue aprobado esta semana, después de la ley de retiro del 10%. Y todos han sido planes urgentes, de emergencia. El gobierno parece no haber contado con que las oposiciones, reunidas para esto en un solo bloque, pondrían celeridad a sus propias iniciativas antes que a las de La Moneda. Otra forma de propinarle más derrotas políticas.
Los 20 meses tendrían que tener su prioridad puesta en la recuperación de los ingresos, cuyos indicadores se han hundido más que lo previsto. El desempleo amenaza con escalar hasta cerca del 20%, la pobreza podría crecer en varios puntos y la caída del PIB, situarse sobre 12%. Este es un panorama desolador para un gobierno que se proponía recuperar el crecimiento; pero es también una oportunidad épica si para el segundo semestre del 2021 ha restaurado parte de los daños inferidos por la pandemia. Claro que no contará con el apoyo de la oposición. Cuando mucho, una parte de ella dirá que mantiene su palabra con el acuerdo del 14 de junio, pero en los hechos se someterá a desbordarlo si así lo aconseja el viento del momento.
La tercera encrucijada es la situación del orden público. Hay una parte de los ciudadanos que vio el ascenso de la lucha callejera bruscamente ahogado por la pandemia, pero estaría dispuesto a retomarlo a la primera oportunidad y, de ser posible, con más fuerza, para el aniversario del 18-O. Hay otra parte que se suma a ese clima sólo para dar desahogo a la exasperación, sin demasiada conciencia de sus implicancias de fondo. Entre ambas forman una ola que puede resultar altamente desestabilizadora.
En el cambio de gabinete, el Presidente ha puesto a cargo de Interior a un hombre que no desearía ser vencido por el descontrol del orden público y que usará todos los recursos de que disponga para impedirlo. El caso es que, por lo menos el 18-O, esos recursos se mostraron escasos y poco eficientes.
El problema del orden público tendrá un impacto directo sobre el plebiscito del 25 de octubre, cuya realización y legitimidad dependen de un mínimo de garantías. El movimiento de las calles no ve, y en algún caso rechaza, el vínculo entre orden público y procesos electorales, a pesar de que la experiencia histórica es abrumadora y de que una nueva Constitución nacida en un ambiente de miedo no sería distinta de la 1980.
Un gabinete que logre durar 20 meses enfrentando todos estos dilemas sería heroico.
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