“A un año del estallido, Chile ha recuperado su normalidad”, se felicita un documento firmado por el canciller, remitido a las 87 legaciones diplomáticas de Chile en el mundo, y apoyado por un video del ministro y coloridas diapositivas subidas a la web.
Hace un año, el 17 de octubre de 2019, el Presidente celebraba a Chile en el Financial Times como “el oasis de América Latina”, una frase que había repetido como mantra en los días previos. Los ministros mandaban a los ciudadanos a madrugar y comprar flores, y el expresidente del Metro sentenciaba que “la gente está en otra” y les decía a los “cabros” que “esto no prendió”.
Un año después, en la clase dirigente poco ha cambiado. Las voces que escuchan son las mismas que tan groseramente se equivocaron. Muchos dogmas permanecen incólumes. Como monos porfiados, aunque sean golpeados una y otra vez por la realidad, aunque la fuerza de los hechos los haga inclinarse y rebotar, siempre tratan de volver a su posición original.
Imperturbables. Porque entienden que, más allá del oleaje inquieto, ese mar de fondo que es la pesada historia de Chile no cambia.
Parte del problema sigue siendo una radical ignorancia sobre el país en que viven. Un estudio encargado a Unholster por el Círculo de Directores, con apoyo de la Universidad de los Andes, pone ese abismo en números. Doscientos 39 líderes de opinión, teóricamente las personas mejor informadas del país, 70% de ellos del mundo empresarial, contestaron cómo creen que es Chile.
Para ellos, sólo el 25% de los chilenos vive con menos de $ 160.000 per cápita. En realidad, el 77% de sus compatriotas está en ese tramo de ingreso. También calculan que el 18% de las personas recibe más de $ 800.000 al mes. En verdad ese grupo es apenas el 3%.
La élite estima que las viviendas de comunas de estratos populares valen 1/8 del precio de aquellas de comunas acomodadas. La verdadera diferencia es muchísimo mayor: 1 a 30. También calcula que el 39% de la clase media y el 18% de la clase baja están afiliados a isapres. Las respuestas correctas son 8% y 0%, respectivamente.
Ven un Chile imaginado. Un país que nunca existió.
Al menos algunos discursos han cambiado. El presidente del Círculo de Directores, Alfredo Enrione, admite que “nuestros prejuicios y percepciones son poco precisos. Nuestra clase media es mucho más pobre y frágil que la que percibimos desde la élite”. “No podemos seguir engañándonos”, complementa el gerente general de Unholster, Antonio Díaz-Araujo. Falta “empatía, oír más”, reconoce el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. “Debemos hacer un mea culpa. No conocemos el sentir de nuestra gente”, coincide el timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura. También hay señales esperanzadoras, como la iniciativa de Friosur de compartir el 20% de la propiedad con sus trabajadores.
Pero cuando se entra al área chica, esa apertura a “compartir nuestros privilegios”, como advertía hace un año en aquel inolvidable audio Cecilia Morel, comienza a diluirse.
Ocurre con la corrupción político-empresarial. Un caso grosero es el de Julio Ponce, condenado a pagar US$ 3 millones tras acreditarse que se había embolsado US$ 128 millones con el esquema de las Cascadas. El silencio ante este escándalo se ha vuelto ensordecedor. Ni comisiones investigadoras, ni acusaciones constitucionales, ni reformas legales: el “portonazo” de Ponce, como lo llamó el exfiscal Carlos Gajardo, ha sido ignorado por la clase política, beneficiada por los generosos donativos ilegales de SQM. Tampoco la clase empresarial ha sacado la voz ante este atentado contra los mercados y pequeños accionistas que tanto dicen defender.
También ocurre con los impuestos. Esta semana, el Fondo Monetario Internacional recomendó “aumentar los impuestos progresivos sobre los ciudadanos más ricos”, incluyendo “aumentos de tasas para los de mayores ingresos, a las propiedades más caras, a las ganancias de capital, y a la riqueza”, para financiar el costo social de la pandemia.
Pero ni siquiera esta advertencia del FMI mueve el debate en Chile. Los lobbistas del poder económico descartan impuestos a la concentración económica y, en cambio, piden aumentar el IVA.
Y agregan otra joya: el problema de Chile, concluye Libertad y Desarrollo, es que “el tramo exento de impuesto a la renta es muy amplio”: el 77% no paga. Claro, pero ese 77% es gente que gana $ 650.000 o menos. ¿La forma de hacer más justo nuestro sistema tributario es cobrarles a ellos más impuestos?
No sólo es defender medidas opuestas a las que propone el FMI, el guardián de la ortodoxia capitalista. Además, es no entender nada de la crisis actual. ¿En verdad creen que, un año después de un estallido gatillado por 30 pesos de alza en el transporte, es una idea brillante subir los impuestos al pan, la leche y los remedios?
Chile necesita reformas estructurales para desconcentrar el poder, pero también que la élite aprenda a perder y conceda algunos triunfos simbólicos. Los dos mejores ejemplos son el acuerdo para el plebiscito constitucional y el retiro del 10%. Ambos momentos fueron celebrados por buena parte de la ciudadanía, y ayudaron a bajar la presión que viene explotando desde octubre.
Son esas medidas -simbólicas y de fondo- las que se necesitan para permitir a la ciudadanía comprobar que el equilibrio de poder está cambiando. Mientras la clase dirigente no lo entienda, esta diatriba sobre un Chile que “ha recuperado su normalidad” no será más que el autoengaño de un mono porfiado.
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